En una clara violación a la Ley General de Telecomunicaciones, el marco legal que norma el espectro radioeléctrico del país, los medios de comunicación de la Asamblea Legislativa hicieron caso omiso del llamado del Presidente Constitucional de la República, Nayib Bukele, a integrar la cadena nacional de radio y televisión, cuyas atribuciones están contempladas dentro del marco jurídico que le corresponde cuando se debe trasladar información de interés público para el país.
Tanto la Televisión Legislativa y la Radio Legislativa mantuvieron al aire su señal y no acataron la indicación que se instruyó desde tempranas horas por parte la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia a todos los medios de comunicación del país.
La omisión de los medios del Órgano Legislativo viola el artículo 127 de la Ley de Telecomunicaciones que estable el marco regulatorio que determinan el derecho del Presidente de la República a llamar a cadena nacional:
Art. 127. El Presidente de la República tendrá derecho a convocar a todas las estaciones de radio y televisión del país a cadena nacional de radio y televisión por razones de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad, graves perturbaciones del orden público o un mensaje de interés nacional. El Tribunal Supremo Electoral podrá hacerlo en los casos establecidos en el Código Electoral.
Los concesionarios estarán obligados a transmitir, a la hora solicitada, la señal piloto de la Presidencia de la República, sin recortes, ni modificaciones de ninguna naturaleza. Si por razones técnicas algún concesionario no pudiere transmitir lo solicitado, dejará de transmitir su programación regular mientras dure la cadena nacional.
Salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado, la negativa de un concesionario de transmitir la cadena nacional, le hará acreedor a una multa equivalente al valor de tres veces la cuota de la contribución especial para la primera y segunda vez; y seis veces para la tercera vez o más.
Lo grave de esta violación jurídica es que procede de un Órgano del Estado, que dentro de la lógica y la ética de la función pública es uno de los primeros en ser llamados a cumplir las leyes del país.
“La cadena nacional convocada por el señor Presidente tuvo casi un 100% de participación. Solamente el canal y radio de la Asamblea Legislativa no se conectaron. Comenzaremos el debido proceso”, informó el titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Manuel Aguilar.
Es irónico que de un ente legislativo, que lidera la oposición política, haya quejas frecuentes e infundadas sobre violaciones del marco jurídico del país, y en los mismos medios de comunicación que le asisten está el más claro ejemplo de irrespeto e indiferencia por la aplicación de la normas jurídicas de El Salvador.
