El Presidente Nayib Bukele tomó el pasado 22 de marzo la decisión de establecer una cuarentena domiciliar obligatoria, con restricciones a la movilidad y una planificación ordenada, a fin de que los salvadoreños no se expusieran al virus del COVID-19. Esa decisión, tomada bajo una visión estratégica ante la pandemia, dejó resultados muy positivos.
Mientras otros países se sumían en un brote descontrolado de contagios y fallecimientos, el Gobierno de El Salvador utilizaba todas las herramientas legales para poder contener el virus; sin embargo, la oposición política y sectores económicos afines emprendieron una estrategia de desgaste y críticas sin sentido hacia las oportunas acciones gubernamentales.
Luego, vinieron decretos legislativos y sentencias de la Sala de lo Constitucional, que por la vía legal comenzaron a desarmar jurídicamente al Ejecutivo en su empeño por contener la pandemia.
La cuarentena obligatoria normaba de forma eficiente las salidas de las personas para adquirir bienes y víveres, y solo se permitía la circulación de empleados públicos cuya labor era esencial durante la emergencia sanitaria, así como a los medios de comunicación.
A seis meses de haberse tomado esta decisión clave, el Gobierno destaca que El Salvador es uno de los países con menos casos de COVID-19 a escala regional y latinoamericana, algo que no ha sido producto de la suerte sino de las estrategias decididas en materia de salud pública y económica.
El Gobierno del Presidente Bukele mantiene su firme disposición a continuar con todos los planes y estrategias para que en el país se mantengan bajos los índices de contagio y de fallecidos, algo que se ha logrado con el fortalecimiento del sistema hospitalario, que por 30 años estuvo abandonado por los gobiernos de ARENA y el FMLN.
