La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio de Hacienda pagar $360 millones en concepto de Fodes a las alcaldías, a tres semanas de las elecciones, luego de resolver de forma exprés un recurso de amparo; sin embargo, esa instancia nunca se pronunció sobre los fondos para atender la emergencia sanitaria y para el ampliar el Plan Control Territorial, secuestrados por la Asamblea Legislativa.
Ese tribunal no solo resolvió en favor del amparo presentado por la alcaldía de Santiago Texacuangos (San Salvador), sino que también amplió la medida cautelar para el resto de los 261 municipios del país, argumentando que todos tienen aprietos económicos y necesitan de ese dinero con urgencia.
“La situación en la que se encuentra el Municipio de Santiago Texacuangos puede estarse generando en cualquier otro municipio de la República, por lo que es necesaria una respuesta efectiva de parte de esta Sala”, argumentó dicha instancia.
No obstante, ese razonamiento no fue tomado en cuenta por los magistrados de la Sala cuando los diputados del bloque de oposición se opusieron caprichosamente a los créditos para hacer frente a la pandemia y a las emergencias por las tormentas tropicales, además de los recursos para impulsar las fases II y III del Plan Control Territorial, importantes para la reconstrucción del tejido social.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, cuestionó que la Sala no haya emitido ningún pronunciamiento con relación al bloqueo de los legisladores a los fondos destinados para la salud y salvar vidas de salvadoreños, así como para la construcción y equipamiento del Hospital El Salvador.
“Fondos para el Hospital de El Salvador no nos dieron (los diputados). Me hubiera gustado que la Sala de lo Constitucional se hubiera pronunciado por el bloqueo que nos hicieron los diputados”, criticó Zelaya.
