La Sala de lo Constitucional resolvió la controversia en favor del Ejecutivo al confirmar la inconstitucionalidad del decreto legislativo 781 por vicio de forma, con el que los diputados pretendían incorporar al Presupuesto General de la Nación dinero para sus alcaldes, beneficios a veteranos de guerra y la contrapartida de FOMILENIO II, recursos que ya tenían destinos específicos.
Con esta resolución el tribunal constitucional da la razón al Presidente Nayib Bukele, quien vetó el proyecto de ley que contenía los cambios al decreto legislativo 640, aprobado el 5 de mayo, ya que no se consultó al Ejecutivo por medio del Ministerio de Hacienda para hacer los movimientos presupuestarios de esas partidas, argumento que respaldó la Sala de lo Constitucional.
En su origen, el decreto legislativo 640 destinaba $400 millones de fondos externos para devolución del IVA ($100 millones) y para pago a proveedores ($300 millones). Sin embargo, los diputados establecieron en el decreto 781, del 26 de noviembre pasado, una nueva distribución en la que asignaron $50 millones para la contrapartida de FOMILENIO II, $288,2 millones para el FODES, $16 millones para veteranos y $45.8 millones para pago a proveedores.
La Sala resolvió en su sentencia “que continúa vigente el aludido Decreto Legislativo n° 640, en los términos en que fue aprobado”.
Asimismo, el decreto legislativo declarado inconstitucional, según los magistrados de ese tribunal, infringe “los principios de planificación y equilibrio presupuestario establecidos en el artículo 226 de la Constitución”, quien determina que esa labor es exclusiva del Ministerio de Hacienda, tal como lo argumentó el Ejecutivo.
Con el decreto legislativo 781, la Asamblea Legislativa invadió funciones al tomarse atribuciones que le corresponde únicamente al Ejecutivo, quien tiene la dirección de las finanzas públicas.
