El Gobierno del Presidente Nayib Bukele inició la ejecución de las acciones orientadas a la reparación en el caso de la masacre de El Mozote y el resto de sitios aledaños donde también hubo víctimas, luego de que los gobiernos anteriores nunca se preocuparon por cumplirles.
En diciembre de 1981, la masacre en El Mozote, La Joya, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y Cerro Ortiz abrió una herida profunda en la sociedad salvadoreña y ha sido calificada como la mayor masacre de los tiempos modernos en América Latina.
Desde diferentes instituciones, el Gobierno del Presidente Bukele ha dado pasos concretos y rápidos para cumplir las medidas de reparación que estableció la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Todas reportan avances en sus cumplimientos.
Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda finalizó una de las fases en la que organizó la implementación, a través del Programa de Desarrollo Habitacional a Víctimas de El Mozote. Consiste en facilitar la construcción de viviendas o reparación de las existentes a 19 personas del registro de víctimas. En esta actividad ya se han invertido $638,171.76. Quedan pendientes 32 contribuciones que aún deben completar la preparación administrativa. Para el próximo año, Vivienda prevé invertir $750,000 en estas medidas.
En ese mismo afán, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ya ejecutó $477,524.61 en mejorar las rutas que conectan los cantones y caseríos seleccionados. Aunque la pandemia obligó a bajar el ritmo de las obras, se retomarán en enero 2021.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) también ha entrado a proveer insumos y asistencia técnica para que los habitantes, familiares de las víctimas, puedan tener las herramientas que les lleven a mejores condiciones de vida. Para el próximo año, se invertirá $50,000 en estos esfuerzos.
Desarrollo Local, mientras tanto, destinará $332,095 a las medidas de reparación; Cultura, $10,000; Gobernación, $4.5 millones.
El Presidente Bukele ha sido coherente en este tema. Fue el único jefe de Estado que desbloqueó los archivos que quedaban en la Fuerza Armada sobre ese suceso. También, desde el Ejecutivo, se ha dado seguimiento a las obligaciones del Estado respecto de las medidas de reparación, que se continuarán ejecutando con la mayor eficiencia y dedicación posibles, cumpliendo así con la sentencia, la cual fue pasada por alto por todos los gobiernos anteriores quienes solo llegaron a hacer promesas, en tiempos electorales, que nunca cumplieron.
