Miembros de la empresa privada y de instituciones académicas, integrantes del Fondo de Emergencia para el manejo de los $2,000 millones destinados a atender la pandemia de COVID-19, renunciaron a sus cargos, tras rechazar ser sujetos a declaración patrimonial.
Los representantes del sector privado no querían que sus votos fueran vinculantes dentro de esa instancia aprobada con el respaldo del Presidente de la República, Nayib Bukele, por lo que pidieron la modificación de la ley.
Como parte de una instancia, que tendrá a cargo la administración de fondos públicos, todos sus miembros deben someterse a los controles establecidos para tal caso, pero los integrantes del comité, por parte del sector privado y el sector académico, no se quisieron regirse bajo esa disposición legal.
El 28 de marzo, el presidente de la República, Nayib Bukele, juramentó a Agustín Martínez, de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); José Ángel Quirós, por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES); Omar Serrano, por Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), y René Alberto Raúl Vásquez Garay, Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), como miembros del comité que maneja el fondo de emergencias por el COVID-19, pero desistieron de seguir.
El secretario privado, Ernesto Castro, confirmó que los representantes comunicaron su decisión. Entre los firmantes de la carta están Martínez, Hasbún, Simán, Oliva y Ricardo Poma, rector de la ESEN.
Por el sector gubernamental, integran el comité el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, y los ministros de Hacienda, Nelson Fuentes; Economía, María Luisa Hayem; Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera; Salud, Francisco Alabi, y de Turismo, Morena Valdez.
El Presidente Bukele ha sido claro en establecer la transparencia como una de las características para el manejo de los fondos de la emergencia por COVID-19 y aprobó la auditoría de parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) de todos los gastos que lleva a cabo el Gobierno.
Además, la Corte de Cuentas desarrolla su trabajo de auditoría de los gastos de esta emergencia. El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, lleva a cabo gestiones para adquirir los $2,000 millones para financiar la emergencia en distintas áreas.
