El Presidente de la República, Nayib Bukele, hizo la promesa de levantar la economía cuando se implementaron las medidas preventivas ante la pandemia del COVID-19 y así lo cumplió: las empresas autorizadas para exportar fueron atendidas con agilidad y eficiencia, se distribuyó un bono para los hogares, se flexibilizaron normas –de manera temporal– para que los bancos aprueben más créditos, se gestionaron fondos para el agro y se diseñó el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA), hasta por $600 millones, dirigido a las mipymes.
Sobre las últimas dos medidas, el marco legal indica que los funcionarios deben acudir primero a la Asamblea Legislativa para que se autorice la utilización de los fondos que se han gestionado. Aunque el Gabinete del Presidente Bukele actuó con celeridad y envió las solicitudes entre marzo y mayo, los diputados han puesto cualquier obstáculo para no dar las autorizaciones. Por este motivo, las actividades de estímulo económico están con retraso en su implementación por culpa de los diputados; en particular, los que representan al bloque cohesionado de ARENA, FMLN y Rodolfo Parker.
El proyecto de ley para FIREMPRESA lo envió el Ejecutivo para aprobación en la segunda quincena de abril. Desde su diseño incluía tres componentes idóneos para respaldar a las mipymes: acceso a liquidez, protección del empleo y condiciones favorables de pago. Sin embargo, los diputados hicieron caso omiso de la urgencia de contar con este instrumento financiero y se tomaron más de dos meses para aprobar la constitución del fideicomiso.
En junio, el Gobierno envió los paquetes de préstamos que iban a permitir comenzar a las operaciones del fideicomiso y para poner en marcha otros programas destinados al agro. Los fondos provenían de los préstamos que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a El Salvador, de la colocación de bonos en el mercado internacional y de otros paquetes que se podían conseguir en un corto plazo.
Durante ese período, entre junio y agosto, los diputados propiciaron que el país perdiera uno de los préstamos del BID, de tanto tiempo que pasaron sin llevarlo a votación. Pronto se pudo recuperar por el trabajo de intermediación que hizo el titular del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya.
No obstante, los diputados del bloque conformado por ARENA, FMLN y Rodolfo Parker continuaron postergando la votación de los fondos del fideicomiso de manera sistemática. Cuando se quedaron sin más argumentos, comenzaron a formar comisiones legislativas nuevas que duplicaban las funciones de las que ya existen.
Al mismo tiempo, el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), que administrará el fideicomiso, se dedicó a preparar toda la infraestructura y un centro de llamadas para que, una vez listos los fondos, ya se podían comenzar a otorgar los créditos.
ANEP, la Cámara de Comercio e Industria, la Asociación Salvadoreña de Industriales, COEXPORT, Unión Mipymes, los viveristas, cafetaleros y empresarios a título personal han hecho llamados públicos a los diputados para que aprueben los fondos del fideicomiso, pero ninguno de los legisladores ha tomado en serio el sentido de urgencia que tienen los empresarios y los productores del sector agropecuario.
El Ejecutivo ha dado todos los pasos requeridos con puntualidad y precisión para impulsar la economía. El Presidente Bukele cumplió su promesa y el Gabinete está listo para ejecutar las acciones que se han diseñado. Los diputados no pueden esconder que son los responsables del retraso en la agilización de fondos y que han entorpecido el acceso a financiamiento para miles de productores agrícolas y para las mipymes, que generan más del 60 % de los empleos en el país. Aun así, el Gobierno del Presidente Bukele seguirá buscando los recursos disponibles para seguir atendiendo a la población en estos tiempos desafiantes.
