La acción preventiva más viable para proteger a la población, de la pandemia de COVID-19, está frente a los políticos, pero no la quieren ver. La propuesta de poner en vigencia una cuarentena domiciliar nacional estricta reduciría los contagios de persona a persona, no así los esfuerzos por separado que proponen alcaldías como los cercos sanitarios.
Focalizar en un municipio, pueblo o colonia o cantón un cerco sanitario es una medida que dejaría resultados pírricos ante el avance del temido coronavirus.
“El virus ya está esparcido por todo nuestro país. Establecer un cerco sanitario en plena fase 3 del contagio, sin el acompañamiento de una cuarentena como medida base, solo empuja el foco hacía las afueras del cerco o al municipio vecino. Regresando el foco, al levantar el cerco”, explicó el mandatario.
En efecto, el coronavirus está diseminado en los 14 departamentos del país, la mayor cantidad de casos confirmados se registra en San Salvador: 4,032, seguido de La Libertad (1,031), San Miguel (658), Santa Ana (604) y Sonsonate (477).
De poco o nada podría servir una acción preventiva sanitaria focalizada en vista de que la mayoría de la población se desplaza hacia otros municipios a trabajar. Al final de la jornada de trabajo, la persona regresa a su casa con altas probabilidades de haberse contagiado durante su recorrido.
La petición de una cuarentena nacional de 15 días de duración no es una propuesta antojadiza, sino con base en un argumento técnico brindado por los expertos del Ministerio de Salud, como el ente rector en esa materia en el país.
Está demostrado que con el aislamiento domiciliar los casos de contagios se mantienen estables, mientras que sin cuarentena los casos se incrementan, creando un congestionamiento en el sistema de salud pública.
Desde el Órgano Ejecutivo se han girado las estrategias para salvaguardar la vida de la mayoría de las personas, pero los otros dos órganos del Estado se han encargado de quitarle todas las herramientas jurídicas para proteger a la población.
