El Presidente de la República, Nayib Bukele, verificó esta tarde el avance en los trabajos de construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, ubicada en el municipio de San Luis La Reina, en San Miguel, donde constató que los trabajos han incrementado en un 20% en un año, a pesar de que el país se encuentra en emergencia por la pandemia del COVID-19, mientras que en los 10 años previos, la obra solo avanzaba un 6.6% anual.
“En los últimos 10 años, El Chaparral presentaba un avance de 6.6% por año. Nosotros en este Gobierno hemos avanzado en un año 20.51%, a pesar de la pandemia (…) por más de cinco meses, logramos tener un avance significativo”, aseguró el mandatario.
En reiteradas ocasiones, el Presidente Bukele ha condenado los actos de corrupción cometidos, en torno a la construcción de la obra, al considerarlo como “un monumento a la corrupción”, por las constantes irregularidades en el manejo de los fondos.
“Este proyecto increíble se ha convertido de un monumento a la corrupción a un monumento a la eficacia y a la eficiencia”, expresó el Presidente Bukele, a la vez que felicitó a todo el equipo técnico al frente de la obra por lograr avances importantes en tiempo récord.
“Lo que no pudieron hacer los tres gobiernos anteriores en 11 años, nosotros lo vamos a hacer en un año, vamos a demostrar que el dinero alcanza cuando nadie roba y vamos a perseguir a quienes se robaron acá el dinero del pueblo”, añadió el mandatario
Los trabajos de la presa hidroeléctrica de El Chaparral iniciaron en 2008, con una inversión estimada de $216 millones; sin embargo, las irregularidades de los gobiernos anteriores hicieron que el costo se incrementara en $700 millones.
El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, detalló que al momento que recibir el proyecto, este se encontraba detenido, en medio de protestas por parte de los habitantes de la zona, debido a la falta de cumplimiento de promesas hechas por las administraciones anteriores.
Además, señaló que se encontró una serie de inconsistencias administrativas, producto de las constantes irregularidades: el proyecto no contaba con un diseño final, había terrenos a intervenir que aún no habían sido adquiridos y la implementación de múltiples contratos, entre otros.
“Encontramos un proyecto detenido, en el letargo, con protestas de la población por la ineficacia y por los indicios de corrupción. Los gobiernos anteriores gastaron más de $500 millones en una obra sin terminar”, explicó Álvarez.
Las irregularidades incluyen el pago de $108 millones a la empresa constructora ASTALDI, aduciendo fallas geológicas. Para el año 2015, cuando inició la construcción de la fase dos, continuaron las irregularidades a través de una modalidad de multicontratos. “En ese momento priorizaron obras que no eran y se enfocaban en contratos como acabados arquitectónicos”, explicó el titular de la CEL.
Ante estas irregularidades cometidas por las pasadas administraciones, el Gobierno del Presidente Bukele logró el financiamiento de una auditoría forense internacional, por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para determinar si era conveniente continuar con el proyecto. La auditoría detalló que el proyecto careció de una planificación clara, donde prevaleció la improvisación.
