La cifra de casos de personas reportadas como desaparecidas también ha tenido un descenso con la implementación del Plan Control Territorial. Pese a los intentos de los opositores al Gobierno del Presidente Nayib Bukele por desacreditar la estrategia de seguridad, los logros en el área de seguridad son evidentes.
De acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año los casos de personas reportadas como extraviadas han tenido una baja del 43.7% en comparación con los ocurridos en el mismo período de 2019.
Este año suman 728 las personas desaparecidas en el primer semestre del año. La cifra está por debajo de los 1,295 acumulados en los primeros seis meses de 2019. Pero no solo eso. Del total de personas desaparecidas en 2020, el 40% ya fueron localizados con vida, el 56% aún está activo, y las autoridades policiales siguen buscándolos; y el 4% han sido ubicados sin vida.
El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, asegura que el tema vinculado con la seguridad pública ha pasado a segundo plano no porque haya sido desplazado por la pandemia, sino por los resultados positivos obtenidos con el Plan Control Territorial. “Es una estrategia que se le ha dado una sostenibilidad en el tiempo”, especificó.
En reiteradas ocasiones el funcionario ha desvinculado la baja de la criminalidad con un pacto con grupos terroristas. Y asegura que la reducción de los homicidios y otros delitos es parte de los logros obtenidos mediante el Plan Control Territorial.
A pesar de los resultados exitosos de la estrategia de seguridad, a más de un año de su implementación, los diputados de la Asamblea Legislativa no muestran su apoyo para aprobar y ratificar los préstamos que permitirán modernizar y equipar a las fuerzas de seguridad del país, así como invertir en proyectos para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños en las zonas históricamente marginadas.
Para la implementación del Plan Control Territorial se invertirán $575.2 millones, de los cuales $200 millones serían financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); estos a su vez se dividen en dos préstamos: uno por $91 millones para la fase II, llamada “Oportunidad” y otro por $109 millones para la fase III, denominada “Modernización”.
