Dirigentes del partido ARENA, que gobernó el país desde 1989 hasta 2009, reconocieron que el plan de seguridad Mano Dura tenía un carácter mediático, estrategia que no contribuyó en absoluto a reducir los niveles de criminalidad, mientras los homicidios continuaban en su pico más alto.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele implementó el Plan Control Territorial (PCT) en junio de 2019, el cual trazó objetivos claros que ahora están siendo materializados en importantes cifras de reducción de los homicidios, disminución que hasta el 27 de noviembre había registrado un porcentaje del 46.3 % con respecto a 2019, además de 35 días sin asesinatos.
Programas como Mano Dura, en cambio, fueron anunciados por los gobiernos de turno bajo un amplio despliegue en medios de comunicación, por medio de conferencias de prensa realizadas desde zonas donde operan grupos criminales, pero al final del día las cifras de muertes violentas y secuestros continuaron al alza.
En los gobiernos del FMLN, en tanto, las estrategias fueron igual de ineficaces. La primera administración de ese partido utilizó negociaciones con grupos terroristas como medida para reducir los niveles de criminalidad, pero lo que dejó fue muerte y luto en cientos de familias salvadoreñas.
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Asimismo, el plan El Salvador Seguro, implementado en el segundo período farabundista, tampoco rindió frutos y, de la misma forma que Mano Dura, facilitó una escalada de violencia que sembró más dolor entre la población. De hecho, en 2015, cuando gobernaba el partido de izquierda, se contabilizó hasta 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, la cifra más alta hasta la fecha.
Lo mismo pasó con la creación de entidades fallidas como el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, donde académicos, políticos, iglesias, medios de comunicación y empresarios se reunían a discutir sobre políticas de seguridad, sin presentar resultados concretos.
Ahora que los resultados del Plan Control Territorial del Presidente Bukele son innegables, ARENA se ha articulado con el FMLN y PDC para desbaratar esta importante estrategia, echando mano de un antejuicio contra el director de la Policía Nacional Civil y viceministro de Seguridad ad honorem, Mauricio Arriaza Chicas.
Sumado a eso, los diputados del bloque de oposición siguen con su férreo bloqueo a los préstamos por $200 millones provenientes de organismos internacionales, que servirán para financiar las fases II y III de este plan gubernamental, pero con esa negativa se limitan las posibilidades de que el país siga en la ruta de un verdadero clima de seguridad.
Aparte del Plan Control Territorial, el Gobierno ha dado un nuevo enfoque al esquema de rehabilitación penitenciaria por medio del Plan Cero Ocio, que ha permitido a los reos en fase de confianza realizar importantes labores de remodelación y limpieza de espacios públicos, como forma de retribución social y verdadera reinserción.
