El Gobierno del Presidente Nayib Bukele destaca que el combate a la evasión fiscal es uno de los principales logros en materia hacendaria, a nueve días cumplirse dos años de gestión el próximo 1 de junio. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, confirmó que el Plan Antievasión prevé la recuperación de $345 millones, a través de avisos presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntos delitos al fisco y otras acciones estratégicas.
El delito de la evasión de impuestos provoca que el Estado deje de percibir cerca $2,000 millones al año, por lo que es una prioridad de esta administración el combate de este ilícito. La primera fase del Plan Antievasión inició su ejecución en octubre de 2019, con el fin de identificar y recuperar fondos en concepto de impuestos. A la fecha, se han presentado 87 avisos a la FGR y se han recuperado $71.2 millones.
“En gobiernos anteriores no se cobraban los impuestos a los amigos de los funcionarios. Ahora estamos cobrando las cuentas por cobrar y haciendo llegar recursos al Estado, y cuando corrijamos esos errores el Producto Interno Bruto comenzará a crecer”, señaló el titular de Hacienda.
Durante el desarrollo de esta fase se ha logrado, además, la firma de importantes convenios de cruce de información para identificar a empresarios irresponsables, con instituciones como la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), el Centro Nacional de Registros (CNR), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), entre otras.
Recientemente se oficializó la ejecución de la segunda fase del Plan Antievasión, que se ejecutará de manera paralela con el Plan Anticontrabando, con los cuales se espera recuperar $450 millones en impuestos evadidos, e incluye la dotación de una flotilla de 77 vehículos para fortalecer el trabajo de los auditores de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de los oficiales de la Dirección General de Aduanas (DGA)
El ministro Zelaya firmó un convenio con el Fiscal General, Rodolfo Delgado, para agilizar estos casos y fortalecer acciones conjuntas para el combate y prevención de los delitos contra la Hacienda Pública, el contrabando y la recuperación de la mora tributaria, que permitan hacer llegar más recursos a las arcas del Estado, lo que se traduce en obras de infraestructura y de beneficio social para los salvadoreños.
