Las conversaciones para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran que en el Gobierno del Presidente Nayib Bukele hay capacidad y voluntad para favorecer el equilibrio de las finanzas del Estado.
Las pláticas iniciaron hace varios meses y por eso es que han llegado a una etapa avanzada. “Eso estamos haciendo con los multilaterales: Demostrando que tenemos la capacidad de pago y que además tenemos la disciplina para que nos ayuden”, dijo el titular del Ministerio de Hacienda (MH), Alejandro Zelaya.
Los gobiernos anteriores no lograron mantenerse dentro de los lineamientos de los acuerdos que suscribieron con el FMI. La primera vez, no mostraron la información correcta sobre la situación fiscal; y años después, no cumplieron las metas de gasto. Esto afectó la ejecución.
Ahora el Gobierno del Presidente Bukele llega con otras credenciales: hechos medibles y registrados de que hay capacidad de administrar los recursos públicos con responsabilidad.
El titular de Hacienda también aclaró que un acuerdo con el FMI es parte del proceso de fortalecimiento de las finanzas y no es la meta final. El orden en el que se desarrolla el proceso es: suscribir el acuerdo, obtener el financiamiento y con eso ejecutar proyectos.
“Estos acuerdos nos dan sostenibilidad en la deuda, en el gastos y previsibilidad en los ingresos. Nos ayuda a estar en un marco de disciplina fiscal”, dijo el ministro Zelaya.
Uno de los resultados esperados es ampliar el margen de maniobra que tiene el Gobierno con los recursos del Estado para dirigirlo hacia más obras que beneficien a la población y también impulsen a las actividades económicas.
“Vamos a partir de la premisa, y yo se los dije a ellos (representantes del FMI) desde la primera reunión: ‘no vamos a aprobar nada que afecte a la población’”, enfatizó el ministro de Hacienda.
Por este motivo es que se está preparando un paquete integral, con medidas variadas, que apuntan a corregir el rumbo de las finanzas públicas. El incremento al IVA está descartado, igual que cualquier otra medida que afecte directamente a la población.
Una de las iniciativas que se ha considerado proponer es la debida vigilancia sobre los precios de transferencia. Las grandes empresas, en especial cuando extienden su actividad fuera del país, mantienen intercambios con otras empresas hermanas, o relacionadas, que generan estos precios de transferencia. Si la regulación es insuficiente, o muy floja, entonces queda un espacio para evitar que estas empresas relacionadas paguen los impuestos que les corresponden. Al final, esto también afecta los ingresos públicos.
Otra de las apuestas es continuar con el combate de los delitos fiscales. El Plan Antievasión, desde el 3 de octubre hasta marzo 2021, ha permitido recuperar $265 millones en impuestos que no fueron reportados al fisco. Este año se prevé recolectar otros $450 millones con este mismo plan.
El Gobierno continuará informando sobre los avances en las negociaciones con el FMI. “La prioridad del Presidente Bukele es esa: llevarle soluciones a la población, que por mucho tiempo estuvieron olvidados”, reiteró el ministro Zelaya.
