El Gobierno del Presidente Nayib Bukele tiene el fuerte compromiso con la sociedad salvadoreña de combatir la corrupción, algo plasmado en sus políticas públicas y respaldado en la coordinación que se realiza con la Fiscalía General de la República y la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), con quienes se está trabajando de la mano en diferentes casos y se están promoviendo iniciativas para fortalecer su labor a favor de la ciudadanía.
Un ejemplo es el trabajo articulado para lograr la extradición del suegro del expresidente y prófugo en Nicaragua, Mauricio Funes, quien tenía orden de captura, pero estaba viviendo en Costa Rica. Tanto la Fiscalía como la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Justicia y Seguridad han mostrado un esfuerzo para que estas personas respondan ante la justicia por un desfalco al erario que supera los $350 millones.
Otro caso es el de las auditorias permanentes que ha hecho la CICIES a todos los procesos durante la pandemia de COVID-19, lo que incluye comunicación con la Fiscalía y la Corte de Cuentas de la República (CCR) para transparentar el uso de los fondos públicos que han permitido salvar la vida de los salvadoreños. Las decisiones sanitarias acertadas han hecho que el país tenga una baja tasa de letalidad y contagio, además de ser líderes en Centroamérica en la vacunación.
También es destacable el aporte de la Asamblea Legislativa, que ya creó una comisión especial para investigar todo el dinero que por años este órgano de Estado ha trasferido a oenegés y otras estructuras de fachada, ligadas en su mayoría a partidos de oposición. Un informe preliminar dice que estas recibieron más de $159 millones, sin fiscalización y control, por lo que esta indagación que harán los diputados abona a la lucha contra la corrupción.
En la Asamblea, además, se promoverán reformas e iniciativas a favor de este compromiso gubernamental, luego de que pasadas administraciones decían tener una política mediática de transparencia, pero ocultaron hechos que hoy son notorios, como el pago de sobresueldos o la corrupción de anteriores gobiernos y sus exfuncionarios.
