Los esfuerzos del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para llevar bienestar a la población y apoyo integral a las empresas, han requerido mantener una estrategia de las finanzas públicas enfocadas sobre un conjunto de prioridades. Así, aunque el Ejecutivo ha cumplido con sus responsabilidades, como demuestran los hechos, persiste un esquema de limitar el margen de acción para favorecer a sectores que solo buscan intereses partidarios.
La Sala de lo Constitucional resolvió una controversia que se originó por las modificaciones que propusieron los diputados para reformar la Ley de Endeudamiento Público Municipal. En su actual versión, esta normativa da 20 días al Ministerio de Hacienda (MH) para que, con la información correspondiente, pueda certificar si una alcaldía cumple con todos los requisitos para poder tomar un paquete de deuda. Si Hacienda recibió la información, pero se pasó del plazo establecido, entonces el acreedor (quien le está prestando el dinero) puede tomar la información que la alcaldía presente por su cuenta.
Los diputados buscan reducir ese tiempo a una cuarta parte del original, es decir, pretenden que Hacienda contraste información y responda sobre la solicitud de la alcaldía en cinco días. El Presidente vetó esta ley, pero luego los diputados superaron ese veto. Así fue que surgió la controversia.
La Sala resolvió en favor de que el Presidente sancione la modificación de dicha ley, como lo quieren los diputados, pues no estuvo de acuerdo con la manera en que el Ejecutivo presentó sus argumentos.
Las encuestas que desarrollan y divulgan las universidades en el país muestran que más de la mitad de los salvadoreños quiere un cambio en el concejo municipal, y que una proporción aún mayor no se siente beneficiado por la labor de los alcaldes.
Esta resolución sigue la línea de quitarle filtros a los alcaldes para recibir dinero, incluso si eso implica comprometer financieramente a las futuras gestiones. También es un paso más en restringir el margen de maniobra del Ejecutivo, como ha sucedido en diferentes pronunciamientos de los magistrados desde que la pandemia alcanzó al país.
El Gobierno ha demostrado ser consecuente con las disposiciones del máximo tribunal, respetuoso de las instituciones. La atención a la población y el impulso a la economía también continuarán.
