El 24 de junio pasado, el equipo jurídico del Gobierno del Presidente Nayib Bukele llegó a la Asamblea Legislativa con un proyecto de decreto de Régimen de Excepción y una propuesta de cuarentena domiciliar para enfrentar la pandemia. Ambas iniciativas, 45 días después de presentadas, siguen ignoradas por los diputados, mientras el COVID-19 se fortalece y se esparce por todo el país.
Cuando fue presentada la moción para el Régimen de Excepción, en El Salvador se contabilizaban 5,336 casos confirmados de la enfermedad. La cuarentena es necesaria para desacelerar los contagios.
A esta fecha, y sin ninguna ley de emergencia en plena pandemia, los casos confirmados llegan a 19,544, de estos 9,645 son activos, 9,379 recuperados y 520 fallecidos.
El Régimen de Excepción implica restringir la libertad de circulación, los derechos de reunión y de cambiar de residencia. Lo que se busca es que las personas se queden en casa y no salgan a la calle a exponerse innecesariamente al virus.
“Necesitamos que todos los salvadoreños en un determinado momento guardemos esa cuarentena. Si se tiene un Régimen de Excepción también se puede aplicar el Código de Salud. Queremos salvaguardar principalmente la vida”, expresó en esa ocasión el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta.
Técnicamente está comprobado que la cuarentena domiciliar nacional es la vía más viable para disminuir el ritmo de los contagios. Actualmente se registra un promedio de 400 nuevos casos de la enfermedad cada día.
La petición del Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa no ha sido de forma antojadiza, sino que tiene como base un análisis del comportamiento de la pandemia en el país, el cual fue desarrollado por expertos del Ministerio de Salud.
En dicho estudio de Salud, que le fue entregado a los diputados, se plantearon diferentes escenarios de lo que pasaría al entrar en vigor la cuarentena (de 15 días) y al no contar con una cuarentena y la proyección se ha cumplido con el incremento exponencial de los casos de contagio que se tienen.
