A pesar de que la mayoría de los $2,000 millones en créditos con la banca internacional ya fueron autorizados por los diputados para que el Gobierno pueda negociarlos, la Asamblea Legislativa solo ha incorporado al presupuesto un crédito por $389 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), quedando pendientes de su ratificación importantes instrumentos financieros para hacer frente a la pandemia por COVID-19.
Esto contrasta con lo que han señalado algunos legisladores, entre ellos Cristina Cornejo, del FMLN, quien aseguró que al Gobierno ya le han desembolsado varios de los préstamos. “Gran parte de eso ya ha sido aprobado y desembolsado”, dijo la legisladora, una declaración que demuestra desconocimiento acerca de la discusión de los préstamos en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
El Gobierno está a la espera de que se incorporen al presupuesto $250 millones en créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de los cuales $30 millones van para el funcionamiento del Hospital El Salvador, el más grande de Latinoamérica para la atención de pacientes con coronavirus.
Quedan pendientes, asimismo, otros $250 millones también con el BID para diversas áreas de salud y saneamiento de las finanzas estatales, además de un préstamo por $20 millones con el Banco Mundial, que va dirigido exclusivamente para el ramo de salud. Otros créditos, sin embargo, aún están en la etapa de que se autorice su proceso de negociación con la banca multilateral.
En total son ocho instrumentos financieros otorgados por organismos internacionales que están en el congelador, ya que los legisladores del bloque ARENA, FMLN y PDC no han querido estudiar a fondo, en detrimento de la salud de los salvadoreños y en una clara estrategia político-electoral.
El Gobierno ha tenido que recurrir a financiamiento debido a que la crisis sanitaria ha provocado una reducción en la recaudación fiscal cercana a los $647 millones, por lo que el Ministerio de Hacienda ha anunciado un plan de recuperación de la mora tributaria producto de la evasión fiscal.
