El Gobierno del Presidente Nayib Bukele solicitó hoy a la Asamblea Legislativa la aprobación de un Régimen de Excepción de Derechos Fundamentales Concretos, que permita al Ejecutivo suspender por 15 días las garantías constitucionales a la libertad de circulación, de reunión y de cambiar o permanecer en el domicilio o residencia, con el objetivo de frenar la acelerada propagación del COVID-19 en el territorio nacional.
Esta herramienta jurídica es clave y urgente para que el Gobierno pueda implementar una cuarentena domiciliar y restringir la movilidad de personas, para contrarrestar el contagio masivo del coronavirus causante del COVID-19, que se está diseminando aceleradamente en el país.
La iniciativa fue presentada a la Asamblea Legislativa por el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Gómez Argueta, quien insistió en la urgencia de esta ley.
“El Órgano Ejecutivo necesita 15 días exactos para que las personas que están contagiadas se curen y que podamos eliminar en un alto porcentaje el virus. No necesitamos 12, no necesitamos 10; necesitamos 15 días”, expresó Gómez Argueta.
La propuesta fue elaborada luego que el titular de Salud Pública, Francisco Alabi, informara al Consejo de Ministros, que la pandemia en el país se ha venido agravando y amenaza con hacer colapsar el sistema sanitario.
“El Consejo de Ministros, a partir de un informe que le presentó el Ministerio de Salud, que si al día 2 de agosto, y conforme a la proyección que se ha hecho, no se tiene un régimen de excepción, entonces la letalidad de muertes de la enfermedad puede ser bastante fuerte”, advirtió el asesor jurídico.
La pandemia de COVID-19 comenzó a acelerarse en el país luego que el Gobierno fuera despojado de todas las herramientas legales para establecer restricciones de carácter sanitario; desde entonces, la curva superó la barrera de los 100 casos diarios y escaló hasta los 177 de ayer.
“Como Órgano Ejecutivo, buscamos salvar la mayor cantidad de vidas. Necesitamos esos 15 días para lograr bajar la curva”, reiteró.
Argueta consideró necesario que los diputados doten al Ejecutivo de esa herramienta legal, tomando en cuenta que el país aún se encuentra en la fase 3 (contagio masivo) de la pandemia.
“Esperamos que la Asamblea se tome en serio la responsabilidad, son legisladores que sus electores les han dado un mandato de salvarles la vida”, añadió el asesor.
También destacó que las fases que ha establecido el Gobierno, en común acuerdo con diferentes sectores empresariales para una ordenada apertura de la economía, continúan con las respectivas evaluaciones.
El domingo pasado, el Presidente Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que devuelvan las herramientas legales al Gobierno para frenar la pandemia.
“Queda claro que El Salvador es el único país en el mundo que no faculta al Órgano Ejecutivo, en el ramo de salud pública, para tomar las medidas extraordinarias que considere necesarias”, lamentó el mandatario.
