Las denuncias sobre plazas fantasma en la Asamblea Legislativa y el cobro de cuotas partidarias a los salarios de empleados legislativos reiteran la necesidad de indagar sobre los posibles abusos cometidos por ese órgano de Estado. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, recordó que frente a estas circunstancias es necesario proteger los fondos públicos. “El pago de salarios debe ser para gente que sí trabaja, no para cuotas políticas”, enfatizó el funcionario.
La Asamblea negó durante varios meses los recursos para la salud y la seguridad de los salvadoreños, mientras hacían un uso discrecional del dinero de los contribuyentes con el pago de plazas a personas que nunca llegaron a trabajar o que eran activistas.
Cada mes, se requiere la transferencia de $3.3 millones en concepto de salarios para todo el Congreso. En tres años de este período legislativo, el Ministerio de Hacienda calcula que se han transferido $150 millones. La ley del presupuesto nacional para el 2020 consigna que se aprobaron 329 plazas por más de $2,301 mensuales, que requirieron $10.9 millones. En esa categoría salarial se concentra el mayor número de contrataciones.
El ministro de Hacienda recordó cómo la Sala de lo Constitucional emitió una rápida medida cautelar para exigir la transferencia inmediata de los salarios legislativos, en octubre 2020. “La Sala de lo Constitucional emitió un comunicado donde nos obligaba a que no nos atrasáramos con el pago de la Asamblea Legislativa. Ahora quisiera escuchar el pronunciamiento de la Sala con respecto de la investigación de plazas fantasma”, reiteró el funcionario.
En más de una ocasión, el ministro de Hacienda solicitó a las autoridades de la Asamblea un informe sobre las plazas para las que se transfieren fondos, con el objetivo de prevenir sobre un uso ineficiente del dinero público. Los funcionarios del Legislativo nunca respondieron a esta solicitud, pero sí continuaron exigiendo las transferencias.
Depositar salarios por funciones que no se han ejercido tiene muchas implicaciones, advirtió Zelaya. “No quiero involucrarme en el delito de peculado culposo”, expresó el funcionario. A esta situación se suma que los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa promovieron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional por las cuotas partidarias que se retienen del pago a empleados.
