El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha logrado hacer un manejo eficiente de los recursos disponibles en el Presupuesto 2020, priorizando el bienestar y la vida de los salvadoreños, sobre todo, al no contar con los fondos que fueron ratificados por la Asamblea Legislativa, pero no asignados, para atender las emergencias que han golpeado al país, con lo que el bloque opositor buscó obstaculizar el trabajo de la actual gestión.
A pesar de ello, el Gobierno enfocó todos sus esfuerzos en enfrentar las emergencias, anticipándose a cada escenario y ejecutando acciones inmediatas, a través del trabajo articulado de todas las instituciones gubernamentales.
Con la llegada de la pandemia del COVID-19, el Presidente Bukele lideró las estrategias que le han otorgado a El Salvador el reconocimiento internacional en el manejo de la emergencia sanitaria.
Se fortaleció el Sistema Nacional de Salud, con la mejora de la red hospitalaria, la construcción del Hospital El Salvador, se garantizó insumos y equipo médico para el personal de salud y un apoyo económico en el punto álgido de la pandemia.
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El Gobierno gestionó con la cooperación internacional la donación de equipo médico para atender a los pacientes, se ha mantenido una campaña de prevención y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que han contribuido a controlar la propagación del virus y, recientemente, el anuncio de que El Salvador será de los primeros países en recibir la vacuna contra el COVID-19.
A pesar del bloqueo de los diputados opositores, el Gobierno, aún con la pandemia, logró enfrentar las emergencias por las tormentas Amanda, Cristóbal, Eta e Iota y el deslave en Nejapa. Priorizó los recursos para atender las necesidades de la población en cuanto a alimentación, reconstrucción de viviendas y mitigación de riesgos.
A menos de un mes de que finalice el año, el Presupuesto 2021 aún continúa estancado en el Órgano Legislativo, porque los diputados siguen cuestionando el aumento histórico que el Gobierno ha destinado para Salud, Educación y Seguridad.
De no haberse priorizado los gastos ante los eventos que impactaron al país, se habrían limitado los beneficios para la población y no se hubiese podido garantizar la seguridad alimentaria de los salvadoreños, una atención digna en los hospitales y la reapertura de la economía de forma oportuna.
