El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Hacienda (MH), presentó ante la Fiscalía cuatro nuevos casos en los que han detectado una posible evasión de impuestos; todos ellos ubicados en la zona occidental.
Desde que Hacienda comenzó a ejecutar el Plan Antievasión en octubre 2019, se han presentado a la Fiscalía General de la República (FGR) 33 casos, por un acumulado de $22 millones. En total, el Plan ha permitido recuperar $115 millones para el Estado, desde que inició su puesta en marcha.
“Ha habido una tolerancia muy alta para la evasión en el país, pero eso no puede continuar así”, dijo el titular del MH, Alejandro Zelaya.
El funcionario explicó que estos casos los identificaron en la zona occidental del país y entre todos suman un estimado de $1 millón en impuestos que no se reportaron. “Que el Estado capte los recursos necesarios son los derechos de la población y a ellos es a quienes nos debemos”, manifestó el funcionario.
El viceministro de Ingresos en el MH, Douglas Rodríguez, proporcionó más detalles de los cuatro casos que llevaron a la FGR: la primera es una empresa constructora que presentó documentación falsa sobre supuestos gastos y deducciones por US$197,000, en lugar de rendir tributo por esos “ingresos”. Después mencionó a otra empresa del sector agroindustrial, que retuvo el Impuesto Sobre la Renta de sus empleados y se estima que la cantidad que dejó de reportar fue $79,000. El tercer contribuyente es una sociedad que prestó servicios al Gobierno por $445,000, pero a la hora de declarar sus impuestos no consideró esta proyecto. Finalmente, incluyeron a una alcaldía que también retuvo la Renta del salario de sus empleados, pero no hizo la transferencia al MH.
Ahora, la investigación queda bajo responsabilidad de la FGR.
Zelaya explicó que no hay tinte político en estas acciones. “No nos fijamos en ideologías. Nosotros nos fijamos en vectores de comportamiento tributario, en declaraciones omisas”, enfatizó el funcionario.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele trabaja en coordinación interinstitucional para propiciar que quienes cometieron crímenes contra el Estado enfrenten las consecuencias y la responsabilidad por estos hechos.
