El Salvador continúa mostrando eficacia en las estrategias del Gobierno del Presidente Nayib Bukele en la emergencia sanitaria por COVID-19 y en la reducción de contagios, pese a que ya entró en vigor la ley transitoria para contener la pandemia que aprobaron los legisladores de oposición, en una clara intención de bloquear el trabajo del Ministerio de Salud.
Esta legislación, que está en vigor desde el 29 de enero, se entromete en las facultades que el Código de Salud otorga al Ministerio de Salud, la única facultada por Constitución para impulsar las políticas sanitarias. Sin embargo, la ley limita las acciones para contener la pandemia de parte del Gobierno.
Pese a ello, el Gobierno sigue manteniendo cifras bajas de contagios y El Salvador se mantiene como el primer país de Centroamérica y el segundo en Latinoamérica con las mejores acciones contra el COVID-19, tal como lo han señalado organizaciones internacionales.
Esta normativa en la que tanto insistieron los partidos de oposición en la Asamblea prohíbe a las autoridades de Salud, so pena de cárcel, establecer cercos sanitarios con base una verdadera estrategia de contención epidemiológica, y deja esa decisión en los alcaldes.
Con esto, los legisladores no solo dejan la vida de los salvadoreños en manos de funcionarios municipales, sino que también impiden a la Fuerza Armada continuar con la entrega de paquetes solidarios a los salvadoreños, que por tercera ocasión desde mayo pasado están recibiendo alimentos de calidad.
Asimismo, impide que la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil intervengan en acciones como los cercos sanitarios, al tiempo que limita a un kilómetro la zona epidémica de control de contagios, lo que implica que municipios grandes sean cerrados por completo.
A esta normativa se suma los constantes bloqueos legislativos al financiamiento para insumos médicos y para el Hospital El Salvador, pese a lo cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ratificado que el Gobierno manejó la pandemia de manera integral.
