El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, por medio de la Policía Nacional Civil (PNC) trabaja para garantizar la seguridad de los salvadoreños antes, durante y después de las elecciones legislativas y municipales de este domingo.
Como parte de la labor que realizarán las autoridades policiales en el contexto de los comicios, redoblarán esfuerzos para garantizar la seguridad de la población en el desarrollo de las elecciones, a través del Plan Control Territorial. Los elementos de la corporación se desplegarán en todos los centros de votación, sedes de transmisión de datos y otros lugares, para evitar cualquier tipo de percance que ponga en riesgo la seguridad de los salvadoreños.
“Decirle a la población que la Policía Nacional Civil les va a mantener el orden y les va a garantizar la seguridad tanto en el traslado que haga hacia los centros de votación como también a su regreso. Asimismo, en sus colonias y residencias nosotros vamos a estar a través del Plan Control Territorial desarrollando toda esa actividad policial que nos ha ordenado el señor Presidente de la República”, dijo el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas.
En cumplimiento a las disposiciones de ley, la PNC desplegó un operativo para verificar el cierre de bares y cervecerías a escala nacional en cumplimiento a lo que dicta el Código Electoral sobre la venta y consumo de bebidas embriagantes.
El artículo 284 del Código Electoral estipula que: “el día anterior a la elección, el de la votación y el siguiente, se prohíbe la venta, distribución y consumo de bebidas embriagantes de cualquier naturaleza. Los infractores serán sancionados de conformidad al artículo 253 de este Código”.
Para garantizar que la población cumpla con esta medida las autoridades de seguridad iniciaron las inspecciones a las cero horas de este sábado 27 de febrero y las mantendrán hasta el 1 de marzo.
Con estas acciones se busca impedir que la población ejerza el sufragio en estado de ebriedad y evitar disturbios ocasionados por personas bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Las personas que infrinjan la normativa serán capturadas y deberán pagar multas que equivale a un salario mínimo del sector comercio, lo que significa que el monto es de $300.
