La elección de magistrados suplentes de la Corte de Cuentas de la República (CCR), por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa que terminan sus funciones este viernes, fue una decisión extemporánea sin seguir el debido proceso, lo que genera dudas sobre los perfiles y la idoneidad de los dos funcionarios electos para una institución tan importante en la lucha contra la corrupción en El Salvador.
Por ello, el Gobierno del Presidente Bukele considera que los nombramientos de Julio Cesar Figueroa y Pablo Saravia responden a un acuerdo entre Arena y Fmln para dejar amarrada la contraloría estatal y que, en caso de que los magistrados propietarios Roberto Anzora, María del Carmen Martínez o Julio Guillermo Bendek se recusen de conocer casos de corrupción, los recién nombrados puedan resolver en contra de los intereses de los salvadoreños.
Algunos de los casos pendientes en la CCR en etapa de juicio de cuentas son los del proyecto SITRAMSS, la presa El Chaparral y las irregularidades en las tiendas penitenciarias, todos durante las dos administraciones del Fmln, que incluyen diversas anomalías presupuestarias, mala gestión de los recursos públicos y atrasos en la ejecución de las obras, ligadas a exministros y exfuncionarios de autónomas, entre otras irregularidades.
Los expedientes de la elección de Figueroa y Saravia llegaron a la Asamblea Legislativa hace más de 10 meses, tiempo en el que la elección no fue una prioridad para los diputados salientes porque se dedicaron a seguir un guion político electoral contra el Gobierno.
Por ello, ambas propuestas estuvieron engavetadas y sin ser una prioridad, algo que para el Gobierno es cuestionable porque demuestra la falta de compromiso de ese órgano de Estado para enfrentar la corrupción y las violaciones a la ley, además de su selectividad para debilitar aún más la ya cuestionada labor de la CCR.
Tanto Figueroa como Saravia fueron elegidos como suplentes hasta el 27 de agosto de 2023, tiempo en el que también pueden prescribir varias auditorías o procesos de fiscalización relacionados con los gobiernos del Fmln.
El Gobierno está comprometido con fortalecer la lucha anticorrupción, un tema donde los funcionarios del Presidente Bukele siempre han contribuido, entregando toda la documentación de la pandemia de COVID-19 y otros requerimientos que exige la ley, como parte de los compromisos de esta administración gubernamental.
