Luego de casi 45 resoluciones, amparos y hábeas corpus, que a lo largo de la pandemia de COVID-19 ha emitido la Sala de lo Constitucional, el Presidente Nayib Bukele anunció que avisará a la Fiscalía General de la República por un posible prevaricato de los cinco magistrados de esta instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a raíz de la última sentencia que prohíbe al Gobierno pedir prueba negativa de la enfermedad a salvadoreños que ingresen al país.
El mandatario explicó, en cadena nacional, como los magistrados de la Sala han violado principios básicos de la jurisprudencia nacional, como la relación entre la Constitución y las leyes secundarias, al hacer una interpretación errónea de la Carta Magna, en su artículo 5, y dos normativas jurídicas: el Código de Salud y la Ley Especial de Migración y Extranjería.
“Esto demuestra que ellos ya tienen bando electoral y que su lectura no es jurídica. Por ello, con estas violaciones, hay un claro prevaricato, un delito que se lo vamos a certificar al Fiscal General para que los investigue”, afirmó el Presidente Bukele.
La relación que hizo el mandatario salvadoreño explica cómo el derecho a la libertad de entrar y permanecer al país está condicionado a ciertas excepciones, como en el caso de una pandemia (según el Código de Salud, en su artículo 164) o los procesos migratorios donde también, en el artículo 334 de la Ley Especial de Migración y Extranjería, se define la facultad del Ministerio de Salud para establecer requisitos sanitarios de ingreso al país.
“La Sala no toma en cuenta que el artículo 5 de la Constitución dice que toda persona tiene libertad de entrar y de permanecer en el país, salvo las excepciones que la ley establezca, como las que están en el Código de Salud y la Ley de Migración, es acá donde los magistrados han cometido un posible delito en la interpretación de las normas jurídicas”, agregó el gobernante, luego de explicar la pirámide de Kelsen, una de las reglas básicas en la jerarquía del derecho moderno.
Según el artículo 310 del Código Penal, el prevaricato es cuando un juez, sabiendo que su resolución es contraria a ley, la emite o dictamina, por lo que se sanciona con prisión de entre tres y 10 años.
“Los magistrados pudieron caer el prevaricato, así como ya mandaron traslado a la Fiscalía de posibles delitos de nuestros funcionarios, nosotros también vamos a presentar el aviso sobre los miembros de la Sala de lo Constitucional”, reiteró el Presidente Bukele.
El ministro de Salud, Francisco Alabi, dijo que toda medida, incluyendo la del aeropuerto internacional y las fronteras, son para favorecer a la población y están fundamentadas en la legislación en materia de salud, por lo que no ve un conflicto con la ley y exhorta a siempre defender la vida de los salvadoreños.
“El Código de Salud establece los requisitos sanitarios para que la gente pueda ingresar al país. No estamos solicitando algo que vaya en contra de la salud de la población, sino una medida necesaria en un contexto de una crisis sanitaria. Es totalmente diferente si se estuviera solicitando este requisito en una situación que no es inminentemente sanitaria”, agregó el titular de Salud.
También es de subrayar que, pese a esta oposición irracional, que también incluye a los diputados de la Asamblea Legislativa, el Presidente Bukele y su gabinete seguirán trabajando de forma articulada contra el COVID-19, por lo que esperan que el resto de autoridades del Estado como el fiscal General, Raúl Melara, hagan su trabajo para defender la Constitución y el Estado de derecho del país.
