Desde el 31 de enero, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele declaró la emergencia preventiva a nivel nacional previamente a la amenaza del COVID-19, incluso antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogara los contagios del virus como pandemia mundial.
En ese momento el país no registraba ningún caso de COVID-19. Sin embargo, el Gobierno activó el Gabinete de Salud Ampliado para trabajar de forma articulada y enfrentar la enfermedad.
El Gobierno del Presidente Bukele propuso un decreto de régimen de excepción para prevenir la propagación del virus, en medio de tensiones y la oposición de varios diputados de la Asamblea Legislativa, que aprobaron con 58 votos esta solicitud a mediados de marzo, a excepción del FMLN, que votó en contra.
Luego de esto, el Presidente Bukele denunció un intento de desmantelar las medidas contempladas en la cuarentena domiciliar nacional, algo que con el tiempo y a más de 100 días de que inició la lucha contra el COVID-19 queda demostrado que el confinamiento es el mejor método de prevención.
“Veo a diputados amenazando bloquear las medidas que estamos tomando, personas que violan la cuarentena y quejas que serán llevados a cuarentena. Veo a unos políticos tratando de desmantelar la única protección que tenemos contra una catástrofe sanitaria, veo unos diciendo que no hay que preocuparse porque hay pocos casos”, razonó el jefe de Gobierno, a finales de marzo.
Ya en abril, el Decreto del Régimen de Excepción fue prorrogado. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional lo anuló y, tras esta medida, comenzaron a debilitarse los cuerpos legales que el Gobierno emitió para implementar las políticas sanitarias. Todo esto sucedió entre intentos de diálogo y acuerdos por parte del Órgano Ejecutivo, que frustró la Asamblea Legislativa, entre mayo y junio.
Fue así que el Gobierno del Presidente Bukele perdió facultades legales para enfrentar la pandemia del COVID-19, a tal punto que hoy lo único con lo que se cuenta es con el Decreto Ejecutivo 31, que está más enfocado en aspectos de reapertura económica que sanitarios, confirmado por el auge de casos a partir del 16 de junio, día que inició la primera fase del proceso escalonado de reactivación de varios sectores del país.
Hay que recordar que la reapertura económica, en forma escalonada, fue promovida por sectores empresariales y políticos que, representados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), siempre han estado más interesados en defender sus intereses, en detrimento de la vida de miles de salvadoreños.
El jefe de Estado fue enfático en advertir el desbordamiento e incremento de los casos por COVID-19 en el país, si le quitaban al Gobierno las herramientas legales y solicitó, tanto a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia, que le devolvieran las facultades para enfrentar la pandemia.
“El vector de esta enfermedad es el ser humano, la única forma de detener o al menos reducir su expansión es controlando la movilidad de los seres humanos”, explicó el mandatario, a inicios de junio.
Sin embargo, la negativa del Órgano Legislativo para aprobar una nueva cuarentena ha sido constante, pese a las propuestas del Gobierno, lo que demuestra que no están del lado de defender la vida y quieren desgastar al Órgano Ejecutivo, quitándole las herramientas para desempeñar la responsabilidad constitucional de defender la salud de los salvadoreños.
A la fecha han transcurrido 107 días desde que se registró el primer caso de COVID-19 en El Salvador, cobrando la vida de 202 personas. Solo en el periodo de la reapertura económica, que inició el 16 de junio, se han registrado 3,326 casos y han fallecido 128 personas.
