El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa en el diseño y presentación de propuestas para resolver los problemas que más afectan a la población, pero los partidos de oposición insisten en frustrar estos esfuerzos.
A través del Ministerio de Hacienda (MH), se convocó a diputados y alcaldes a la 10 de la mañana de este sábado, con el propósito de buscar soluciones en conjunto para agilizar la transferencia del Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) y la incorporación al presupuesto de aproximadamente 800 millones de dólares.
En el encuentro participaron los diputados de GANA, Guadalupe Vásquez y Guillermo Gallegos; del PCN, Antonio Almendáriz; del CD, Juan José Martel; del PDC, Reynaldo Carballo; de ARENA, Arturo Magaña, y el diputado no partidario, Leonardo Bonilla. El FMLN no envió a ningún representante, a pesar de que empleados de sus alcaldías vapulearon a transeúntes el martes pasado, principalmente en San Marcos, municipio gobernado por ese partido.
Al encuentro no llegó la presidenta de la Corporación de Municipalidades (COMURES), Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán. Aunque al principio confirmó, hasta última hora envió un mensaje informando que no asistiría, argumentando que la inasistencia de algunos legisladores.
Tampoco apareció el diputado y jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes y, sin haber correspondido la comunicación, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, ignoró el llamado al diálogo.
Son las fracciones de ARENA y el FMLN, precisamente, las que han bloqueado desde junio el acceso a recursos obtenidos con la comunidad internacional.
Sobre la reunión, se discutió la situación financiera del Gobierno y qué salidas podían encontrarse.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, mostró que como respuesta a la emergencia por COVID-19 y su impacto en la población, el Gobierno del Presidente Bukele desembolsó un total de $1,422 millones.
Las acciones que requirieron esta cantidad de dinero son variadas y transversales: el bono de $300 para 1.5 millones de hogares, compra y distribución de medicamentos, equipos de protección para personal de salud pública, intervención en la red hospitalaria, reparación de pozos de agua potable, apoyo a personal de seguridad pública, y distribución de paquetes alimentarios, entre muchas más.
Desde marzo, el Gobierno había previsto que se necesitarían ingresos adicionales al fondo general para poder hacer frente a la pandemia. Fue así que diseñó en marzo la estrategia de financiamiento con fondos externos, aprobada por la Asamblea Legislativa en abril.
A través de operaciones internas con el marco legal vigente, el Gobierno pudo disponer de $710 millones para maniobrar con rapidez y eficiencia.
Pronto, las gestiones del Ejecutivo permitieron recolectar $1,719 millones para respaldar estas iniciativas de bienestar social y recuperación económica que se habían planteado. Pero, de ese total, los diputados han autorizado incorporar al presupuesto solo $606.4 millones, de los cuales, $307.7 millones fueron para el Gobierno Central.
De esta manera, la situación actual es que persiste una caída de ingresos fiscales de $712 millones y quedan $813.5 millones pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa. Son solicitudes para liberar fondos que siguen entrampadas por falta de discusión, a pesar de que se han creado comisiones legislativas nuevas.
“Son como $800 millones que son las operaciones que están pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa. Sin fondos para restituir ingresos el Estado va a entrar en paralización en los próximos meses”, expresó Zelaya.
En tanto, el diputado Vásquez, jefe de fracción de GANA y presidente de la Comisión de Hacienda, expresó que algunas solicitudes “ya tienen tres meses de estar en la Asamblea solo para transferirlos (recursos). Son cinco expedientes de transferencia de fondos, algunos son donaciones, y no se quieren hacer para afectar al Gobierno”, dijo el diputado del departamento de Morazán.
Mientras que Gallegos ofreció buscar apoyo en el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Menéndez, para convocar a más alcaldes.
El diputado Martel advirtió: “hay una búsqueda de ahogamiento del Gobierno, el problema es que no vamos a ahogar al Gobierno, sino que vamos a hundir al país”.
En términos similares se refirió el diputado Bonilla, quien recalcó que desde la aprobación del presupuesto 2020 se había intentado afectar la gestión del Presidente Bukele y que “no hay voluntad política” para liberar los fondos.
El diputado Carballo propuso modificar la distribución de FODES para atender la emergencia actual de liquidez en las municipalidades, una propuesta que Hacienda estudiará.
Los diputados del bloque que han conformado ARENA y el FMLN, más el legislador pedecista Rodolfo Parker, han demostrado que no tienen ninguna voluntad política de alcanzar una solución conjunta para una situación que cada vez se complica más.
“Seguimos haciendo el llamado a los demás (que no vinieron) y, el que no quiera sentarse, la población salvadoreña lo está viendo. Ven quiénes son los necios. Aquí, aunque tengamos diferencias de opinión, seguimos trabajando”; dijo el ministro de Hacienda. “No vamos a dejar de dar soluciones a la población”, agregó Zelaya.
