Los indicadores de salud respecto a la pandemia del COVID19 son alarmantes en nuestro país y a escala internacional. La cantidad de contagios y de fallecidos se eleva aceleradamente. Hasta ayer, 4 de julio, el Ministerio de Salud confirma 7,777 casos confirmados, 217 decesos, 2,987 casos activos y 8,344 casos sospechosos.
Ante esta realidad, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele responsablemente ha decidido posponer la vigencia de la segunda fase de reapertura económica, y alargar la primera fase. Y solicita nuevamente a los diputados de la Asamblea Legislativa aprobar un régimen de excepción nacional por 15 días, y no de forma focalizada.
“Es lo menos que podemos hacer, ante el aumento de casos y el número de fallecidos. Aunque lo que en realidad necesitamos es una cuarentena para bajar la curva. Lastimosamente, nos despojaron de las facultades legales para hacer una. Pero aún tenemos el poder legal para regular la reapertura económica”, dijo hoy el mandatario en su cuenta oficial en Facebook.
Decidirse por una cuarentana focalizada, como pretenden aprobarla, será inconstitucional.
La inconstitucionalidad tiene como base que la ponderación requerida para decretar un régimen de excepción vinculado a la pandemia debe ser llevada a cabo por la máxima autoridad sanitaria del país, es decir el Ministerio de Salud. No es atribución de la Asamblea Legislativa.
La valoración respecto de cuáles zonas o municipios pueden ser objeto de una cuarentena, no cuenta con la ponderación que le corresponde exclusivamente al Ministerio de Salud. El interés nacional está por encima del económico.
La Asamblea Legislativa debe considerar que la densidad poblacional, así como la cercanía entre municipios limitarían los alcances de la eficacia de una pretensión focalizada, pues detener la curva de contagios solo en algunos municipios difícilmente favorece la salud pública nacional.
Los municipios no tienen por ley los alcances competenciales que sí posee la máxima autoridad en salud. Solo tienen iniciativa en materia de sus impuestos, según artículo 133 de la Carta Magna.
El Gobierno de la República reitera su llamado a los diputados a aprobar una cuarentena estricta nacional, para salvaguardar la vida y salud de los salvadoreños.
