La respuesta exitosa frente a la pandemia por COVID-19, los históricos resultados en Seguridad Pública y el avance de la recuperación económica son solo algunos logros de la gestión del Presidente Nayib Bukele. Las buenas noticias continuarán, a pesar de que hay sectores de oposición que buscan limitar el margen de acción del Ejecutivo; incluso, con acciones que llegan al límite de la legalidad.
Tanto los diputados como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han llegado a una constante sintonía en sus argumentos y decisiones, en especial, cuando detienen las obras y propuestas del Ejecutivo. Desde el apoyo para la emergencia sanitaria a inicios de 2020, hasta entrar a terreno presupuestario en febrero de 2021, los representantes de ambos Órganos muestran un sesgo similar en sus disposiciones.
Durante los 17 meses y medio de Gobierno, el país pudo salvar la vida de miles de salvadoreños con medidas preventivas y de contención frente al coronavirus. El país destacó a escala internacional por la efectividad de este plan, además de que las encuestas confirman que la población aprueba el manejo de esta situación.
Aún así, un grupo de diputados en la Asamblea Legislativa retrasó más de $800 millones en financiamiento gestionado por el Ejecutivo para fortalecer al sistema de Salud y promover la recuperación económica.
Dentro de ese contexto, los magistrados de la Sala de lo Constitucional forzaron la reducción del ámbito de acción que corresponde al ente rector de Salud Pública, y, en cada ocasión, el Gobierno acató las sentencias.
En cuanto a la gestión económica, los diputados han intentado reducir las fuentes de recursos del Ejecutivo, al tiempo que buscan ejercer presión para obligar a incurrir en más gastos que favorecen a los alcaldes que están en campaña. Como parte del mismo guión, los magistrados constitucionales han decidido actuar en favor de contribuyentes que no son responsables con el fisco y de jefes municipales que tienen intereses electorales.
El trabajo coordinado entre instituciones, dirigido por el Presidente Bukele, ha permitido llevar bienestar social a los hogares y apoyo a las empresas para que se integren a la recuperación que tiene el país, mientras otros sectores tratan de usar las instancias del Estado para favorecer intereses particulares.
