Hasta mayo de 2019, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo, con altos índices de homicidios y la inseguridad era algo de la cotidianidad de los salvadoreños. Hoy, con la implementación del Plan Control Territorial desde el 20 de junio de 2019, las muertes violentas, las extorsiones y las desapariciones han bajado, a pesar de que la Asamblea Legislativa no ha aprobado ni un centavo para esta política de seguridad pública.
Esto refleja dos aspectos: la clara desvinculación de la mayoría de los diputados (sobre todo de ARENA y el FMLN) de atender los problemas del país y el no entender que la seguridad es un tema de interés nacional que no debe de ser utilizado para obtener réditos electorales o político-partidarios, incluso en tiempos difíciles como la pandemia de COVID-19 que aún vive el país.
Así, el Plan Control Territorial contempla dos asignaciones. Una de $91 millones, para financiar la fase dos, enfocada en la prevención y la recuperación del tejido social junto con la represión de delito; más $109 millones para el inicio de la fase tres, que le apuesta a la tecnificación de las fuerzas policiales junto con equipos tácticos y operativos para enfrentar estructuras terroristas e ilegales.
Ambos recursos forman parte de líneas de crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por lo que se necesita aprobación y ratificación presupuestaria en la Asamblea Legislativa, pero, en ambos montos, el tema está engavetado y sin mostrar interés legislativo desde el pasado mes de diciembre, tres meses antes de iniciar la crisis sanitaria por COVID-19.
Para costear el Plan, el Gobierno del Presidente Bukele ha hecho un uso eficiente de los recursos del presupuesto vigente, sin descuidar la parte táctica y operativa y manteniendo en alto la moral de la tropa, tanto policial como militar, pagando a tiempo sus respectivos bonos y mejorando las condiciones de salud y formación de todos los cuerpos de seguridad.
Todo esto sin recibir, por parte de la Asamblea, ninguna asignación de recursos, algo que confirma la tónica de trabajo del Órgano Legislativo y su total desvinculación de la realidad y las demandas del país, como ha sido en el tema de la pandemia por el coronavirus.
El Plan Control Territorial ha permitido 31 días sin homicidios y, en los primeros siete meses de 2020, una reducción del 59% de las muertes violentas: esto significa que de 1,730 homicidios entre enero y julio de 2019 se redujo a 696, por lo que se puede afirmar que se les salvó la vida a 1,034 salvadoreños.
El Gobierno del Presidente Bukele reitera el llamado a los legisladores, sobre todo de las bancadas de ARENA y el FMLN, a ver el tema de la seguridad como algo que favorece a todos los salvadoreños, sin distinción ideológica, por lo que es clave poner al centro la discusión de este tema y también no bajar la guardia para vencer al COVID-19.
