El Plan Control Territorial continúa llevando seguridad a los municipios, a pesar de que muchos alcaldes no han colaborado con las autoridades, mientras que otros se agencian los excelentes resultados, con un claro propósito electoral.
Desde que el plan fue anunciado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele el 18 de julio de 2019, ha significado un punto de partida para lograr lo que administraciones anteriores no pudieron: reducir drásticamente la cantidad de asesinatos y otros delitos de alto impacto que agobiaban a los salvadoreños. Lejos de eso, esos gobiernos se dedicaron a pactar con pandillas.
Ahora, alcaldes de varios municipios del país aseguran que la disminución de delitos se debe a que han realizado estrategias en esa dirección, cuando la seguridad es competencia directa de la Policía Nacional Civil (PNC), quien realiza estas acciones junto con la Fuerza Armada.
Las alcaldías, eso sí, tienen la potestad de realizar programas para disuadir a sus habitantes de hechos delictivos, como abrir zonas de esparcimiento y llevar programas sociales encaminados a brindar oportunidades a niños y jóvenes, algo que muchas municipalidades no han realizado escudándose en la falta de recursos.
El Plan Control Territorial se ha basado en llevar al territorio patrullajes y labor de inteligencia que han sido claves para reducir los delitos generadores de zozobra entre los salvadoreños en todo el país.
Este es un programa de seguridad que va más allá de una coyuntura electoral, puesto que sus resultados están enmarcados en siete fases, de las cuales solo la primera ha recibido financiamiento de los diputados del bloque de oposición en la Asamblea.
Hasta la fecha, estas bancadas continúan sin dar los votos por los $200 millones de dos créditos para las fases II y III, destinadas a programas de reinserción y dotación de equipo para la PNC y la Fuerza Armada.
