El Gobierno del Presidente Nayib Bukele diseñó una estrategia de financiamiento en 2020 para atender las múltiples necesidades que trajo la pandemia. Las gestiones con los organismos que accedieron a prestar el dinero culminaron con éxito, pero la oposición legislativa ha llevado al país a poner en riesgo estas oportunidades; como consecuencia, son estos partidos los que privan a la población de los beneficios previstos en la estrategia.
La votación por el presupuesto 2021 en sede legislativa estuvo contaminada por las maniobras de Arena, Fmln, el pedecista Rodolfo Parker y PCN hicieron para desviar dinero sin restricciones a los alcaldes en campaña. En este afán, distorsionaron la distribución de dos préstamos: uno de $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otro por $50 millones con el Banco Centroamericano de Integración Centroamericana (BCIE). Para esas fechas, hasta dejaron que se perdieran $2.2 millones que habían aprobado países amigos para ampliar el acceso a vivienda digna en sectores con alto riesgo y vulnerabilidad.
El Presidente Bukele decidió vetar los decretos que contenían la manipulación de los préstamos, porque no se siguió el respectivo proceso. Debido a estas acciones de tinte electoral de los diputados, el país perdió la oportunidad de contar con los $250 millones. La operación ya no se podrá volver a solicitar con el BID de nuevo.
De manera simultánea, los $50 millones que otorgó el BCIE aún siguen en una situación que impide poderlos desembolsar para ejecutar proyectos. Y, como las otras operaciones que se han mencionado, también existe el riesgo de que el paquete deje de estar disponible.
Incluso, si el equipo del Ejecutivo no hubiera actuado con agilidad en diciembre de 2020, también se hubiera quedado el país sin la oportunidad de finalizar con éxito el FOMILENIO II.
Así, al sumar el otro préstamo que también estuvo en incertidumbre en julio de 2020, los diputados de esta legislatura dejaron en alto riesgo la disponibilidad de $350 millones en fondos externos aprobados por organismo financieros.
Desde el segundo semestre de 2019 hasta la fecha, son $450 millones gestionados por el Ejecutivo que no se han podido transformar en los proyectos que beneficiarán a los hogares salvadoreños, para seguridad, salud pública, recuperación económica, entre otros destinos.
