Como parte de una lucha del Estado salvadoreño contra la corrupción, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele respalda el trabajo que ha iniciado la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga todo el dinero que por años se ha drenado desde el Congreso hacia Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con discrecionalidad, sin rendición de cuentas y opacidad.
Ante esto hay que confirmar que la comisión especial ya recibió del ministerio de Hacienda, el informe histórico de las transferencias recibidas por entidades sin fines de lucro, que consigna que a 360 entidades no gubernamentales se le transfirió $273 millones entre 2010 y 2021, una cifra con la que se pudo hacer importante inversión en salud, educación y obras públicas.
La información se cruzará con la documentación que enviará en los próximos días el ministerio de Gobernación, donde se detallarán los datos vinculados con la personería jurídica de las ONG y fundaciones a las que el órgano Legislativo transfirió dinero de los salvadoreños, además de su relación con partidos políticos, ex funcionarios y diputados e incluso otras instituciones de la “sociedad civil”.
Para el Gobierno del Presidente Bukele es importante colaborar y contribuir con las solicitudes hechas por la comisión especial, porque se sentará un precedente en este tipo de investigaciones donde la Asamblea Legislativa tiene atribución legal, ya que se ha anunciado que el informe final será presentando ante la Fiscalía General de la República (FGR) junto con las denuncias pertinentes en casos que pueden ser penalizados.
Por ello, en los próximos días la comisión juramentará a los abogados penalistas, quienes acompañarán el proceso de investigación y presentarán más adelante los documentos requeridos a la FGR.
Esto confirma que hay voluntad del Gobierno del Presidente Bukele de ver este tema como algo de interés nacional y demuestra que entre los dos órganos de Estado hay claridad para enfrentar el fenómeno de la corrupción, enquistado por años en el Congreso salvadoreño.
Todo esto viene a sumar otros esfuerzos y compromisos de quinquenio del gobernante salvadoreño contra la corrupción como la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) o el apoyo y coordinación que hay con la FGR en diferentes casos.
Esto incluso abarca la entrega de toda la información requerida por la Corte de Cuentas de la República (CCR) para sus auditorías y procesos de fiscalización, temas donde el Gobierno siempre ha mostrado disposición y colaboración interinstitucional, pese a las agendas político-partidarias del organismo contralor del Estado.
