El Gobierno del Presidente Nayib Bukele está apoyando al Tribunal Supremo Electoral (TSE) con diferentes requerimientos para desarrollar de forma exitosa las próximas elecciones del 28 de febrero, como la autorización de 1,462 centros educativos (elegidos por el organismo) para que funcionen como centros de votación, además de otros 290 para realizar capacitaciones a los miembros de las Juntas de Receptoras de Votos (JRV).
Aunado a esto, y pese a la improvisación del TSE, el Gobierno ha invertido más de $1 millón en mejorar las instalaciones de estos centros, apoyándose en la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) para constatar que en la mayoría de estas escuelas no necesitaban intervención en sus sistemas eléctricos, contrario al argumento del organismo electoral.
Más allá de esto se han realizado otras adecuaciones, facilitando los accesos, garantizando el suministro de agua potable, energía eléctrica, seguridad pública, colaboración en la logística y que el espacio físico sea acorde a las medidas de bioseguridad por el COVID-19, algo que es responsabilidad del Tribunal, siguiendo lineamientos del Ministerio de Salud.
Por ello, el Gobierno del Presidente Bukele exhorta al TSE a asumir su responsabilidad en la organización del evento electoral y espera que se respete la voluntad de los salvadoreños en las urnas, ya que a nivel técnico y logístico no deberían de existir inconvenientes porque el órgano Ejecutivo siempre mostró la mayor disposición de colaborar y apoyar para el éxito de las elecciones.
Esto se relaciona con el funcionamiento del sistema de transmisión de resultados (que no necesita de conexión a internet) y las garantías de que se no se alterará la expresión ciudadana en las urnas, además de que se den las condiciones para que haya una gran participación de los salvadoreños que están habilitados a votar.
Por último, el Gobierno del Presidente Bukele exhorta a las organizaciones locales e internacionales, incluyendo a oenegés, a que estén vigilantes del proceso que realizará el TSE, como único garante electoral, y a que denuncien en caso de anomalías o inconvenientes, previo, durante y después de las elecciones.
