Los recursos para el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) a las 262 alcaldías siguen estancados en la Asamblea, ante la negativa de los diputados del bloque opositor de aprobar los préstamos pendientes. El Gobierno enfatiza que estos fondos no están en el Ministerio de Hacienda, pues debido a la pandemia y las emergencias climáticas se ha tenido que priorizar la inversión en las verdaderas necesidades presupuestarias.
A esto se suma la baja recaudación debido a los efectos del COVID-19, lo que provocará que haya un promedio de $1,000 millones menos en la recaudación fiscal. Ante esto, Hacienda debe restituir los fondos que utiliza para las prioridades, y en vista de ello debe echar mano de créditos para poder entregar los recursos del FODES a los municipios.
“Ahí en la Asamblea están retenidos los fondos que se fueron a gestionar, porque este país, al igual que todos los países del mundo, tuvo afectación en su recaudación fiscal. El FODES entra al fondo general, y el ministro de Hacienda tiene la obligación de hacer una priorización del gasto y enfocarse en las cosas que son de interés de todos”, afirmó la Comisionada Presidencial para Operaciones de Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos.
Estos préstamos permitirán que la caja del Estado se oxigene, lo que dará posibilidad al Ejecutivo para comenzar a transferir los recursos para las municipalidades. Sin embargo, hasta la fecha el Gobierno ha entregado a las alcaldías $116 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y $75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Las 262 alcaldías del país tienen esos recursos”, señaló la Comisionada. De hecho, los $75 millones transferidos recientemente a los municipios podían destinarse para la emergencia por los huracanes Eta e Iota y la para obras sociales urgentes, pero los ediles se negaron a utilizar los fondos para esos fines, sin dar cuentas hasta la fecha del destino de ese dinero.
Por el contrario, algunas alcaldías están mostrando un manejo ineficaz de los fondos con el impago a proveedores, pero a la vez realizan transacciones millonarias para el pago de publicidad y campañas mediáticas en favor de los alcaldes.
