Los partidos de oposición en la comisión especial que estudia el manejo que el Gobierno ha hecho de la emergencia por COVID-19 promovieron citatorios por apremio para la ministra de Turismo, Morena Valdez; a la canciller, Alexandra Hill Tinoco; y la directora del Seguro Social, Mónica Ayala Guerrero, con el afán electorero de concluir cuanto antes el trabajo de esa mesa y dictaminar que el Gobierno no tomó las medidas acertadas para contener la pandemia.
De hecho, a la directora del Seguro Social es la primera vez que se le cita, lo que refleja un interés de los diputados por obligar a las funcionarias a comparecer a toda costa. Ayala pidió el año pasado que se le convocara para el 19 de enero, por lo que se mostró sorprendida.
Las tres funcionarias, citadas para el próximo 18 de enero, son las que hacen falta para concluir el trabajo de la comisión, según sostuvieron voceros de la misma. En ese sentido, y como ha sido la dinámica en la legislatura actual, el dictamen para emitir un informe en contra del Gobierno podría estar listo antes de que finalice enero, a un mes de las elecciones del 28 de febrero.
Desde que comenzó a sesionar, esa mesa legislativa ha llamado a innumerables funcionarios para cuestionar su papel en el manejo de la emergencia y para fiscalizar sus actos, en una franca contradicción con las acciones que estos legisladores omitieron para una verdadera contención del virus.
Los citatorios por apremio se han convertido en una constante entre los partidos Arena, Fmln y PDC, con lo que buscan desgastar al Ejecutivo y poner nuevamente en manos del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, la responsabilidad de llevar a estas funcionarias hasta el Palacio Legislativo.
De hecho, en la notificación al director policial le recalcan que está obligado por ley a llevar por apercibimiento judicial a los funcionarios cuando lo pida una comisión especial, buscando deteriorar la imagen del funcionario, quien ha sido clave para la reducción en la cifra de homicidios gracias al Plan Control Territorial.
El Gobierno reitera que continuará tomando las acciones que le permiten la Constitución de la República y las demás leyes para salvaguardar la salud y la vida de los salvadoreños por medio de estrategias bien definidas y efectivas para la contención del COVID-19.
