Cuando el país necesitaba recursos para combatir la pandemia y así salvaguardar la salud y la vida de los salvadoreños, los diputados de oposición salientes se opusieron sistemáticamente a dar el financiamiento para el Ministerio de Salud, para la construcción del Hospital El Salvador, para la compra de vacunas, mientras ellos se recetaban fondos públicos para pagar sus empleados domésticos y plazas fantasmas de activistas que nunca pusieron un pie en ese órgano de Estado.
La oposición legislativa pregonaba austeridad en las finanzas del Estado y hasta citaba a ministros a las comisiones especiales para exigir al Gobierno detalles sobre los gastos en el contexto de la pandemia, además de bloquear los fondos de préstamos que irían destinados hospitales e insumos médicos y a financiar el Plan Control Territorial, que permitió evitar miles de muertes violentas.
Sin embargo, no predicaban con el ejemplo cuando utilizaban de forma discrecional el dinero público para contrataciones irregulares, como lo ha denunciado el sindicato de la Asamblea Legislativa.
Los opositores destinaban recursos del Presupuesto General de la Nación para emplear a activistas políticos, a trabajadores que realizaban actividades domésticas en sus residencias y hasta entrenadores de fútbol particulares bajo el disfraz de plazas de agentes de Protección a Personalidades Importantes (PPI), según denuncias de los mismos diputados.
Asimismo, los legisladores que dejarán sus cargos a partir del 1 de mayo mantenían plazas de personas que solo llegaban a cobrar una vez al mes, pero nunca se supo qué funciones realizaban ni cual era su aporte al trabajo legislativo, tan desprestigiado en los últimos años.
Resulta incongruente que estos legisladores, que tanto han acusado al Ejecutivo de no transparentar sus gastos, hayan mantenido un esquema de corrupción al ocultar estas contrataciones y al utilizar fondos que pudieron ser utilizados para contrataciones de verdaderos servidores públicos.
