El Decreto Legislativo 661, aprobado el 12 de junio, continúa en controversia en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que el Presidente Nayib Bukele lo devolviera vetado a la Asamblea Legislativa y este órgano superara esta decisión, en un claro afán de no dimensionar y normar la lucha contra el COVID-19 desde una perspectiva de Estado.
A la fecha la situación de esta normativa jurídica es compleja, ya que el pasado 23 de junio la Sala admitió la controversia y ayer se venció el plazo de 10 días para que el Órgano Ejecutivo ejerciera su derecho de audiencia.
Por ello la Presidencia de la República ya envío el informe a magistrados de ese tribunal, donde se destaca que la Asamblea Legislativa invadió facultades al definir, sin criterio sanitario, los mecanismos de cómo abordar la pandemia que vive el país, entre otras atribuciones que no le competen a la legislatura.
“La Asamblea, al emitir el Decreto Legislativo 661, no tomó en cuenta los criterios sanitarios, que son responsabilidad del órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud: eso es usurpación de funciones, un claro argumento de inconstitucionalidad en el que enfatizó el Presidente Bukele cuando hizo su veto”, explicó el asesor legal de la Casa Presidencial, José Ángel Pérez.
El abogado explicó que ya inició el período de 10 días para que la Asamblea Legislativa pueda enviar sus planteamientos a la Sala y luego, a partir del 26 de agosto, los magistrados tendrán 15 días para resolver la controversia, que tendría “poco efecto práctico” en la realidad del país.
“Al resolver esa controversia el problema es que ya hay un desajuste de tiempos y fases de reapertura económica, además de la misma evolución de la pandemia, porque el Decreto 661 es de junio, cuando todavía no se había entrado a una fase crítica”, explicó.
Según los tiempos del proceso y el artículo 138 de la Constitución de la República, la Sala tiene 15 días, luego de dar audiencia a ambas partes, por lo que la resolución sobre la controversia podría ser hasta el 16 de septiembre, algo que para efectos pragmáticos no se ajustaría a la realidad que se vive sobre la pandemia de COVID-19.
El Presidente Bukele dijo el pasado domingo, en cadena nacional, que no creará una “crisis constitucional” y que respetará los procesos y los fallos de la Sala, aunque el Gobierno no los comparte porque no abordan la realidad del COVID-19 al dejar sin herramientas al Órgano Ejecutivo, como la supresión de los decretos ejecutivos que ordenaban las fases de reapertura económica.
“Este Gobierno acatará esta sentencia (sobre el Decreto Ejecutivo 32), aunque sea injusta y vaya contra la vida de los salvadoreños, la historia los juzgará. Nosotros no vamos a crear una crisis constitucional (…) a pesar de estas sentencias, nosotros vamos a continuar luchando contra la pandemia con lo poco que tengamos”, subrayó el mandatario salvadoreño.
En este punto hay que aclarar que sigue vigente el Código de Salud, la única herramienta que, según el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, “tiene validez y vigencia constitucional”, por lo que seguirá siendo aplicado.
Una vez más el Gobierno del Presidente Bukele les recuerda a los salvadoreños que su prioridad es “defender la vida”, a pesar de que los órganos Legislativo y Judicial siguen leyendo con otra tónica la pandemia, que registra 21,993 casos confirmados y 584 fallecidos, hasta ayer.
