Miles de familias han logrado mejorar sus condiciones de vida para el largo plazo, gracias a que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele les ha facilitado el acceso vivienda digna, cumpliendo estándares de calidad y sostenibilidad.
El Ministerio de Vivienda, desde que inició la gestión del Presidente Bukele, ha invertido $12.6 millones en proporcionar contribuciones para mejorar vivienda o la construcción de una a más de 2,300 familias en todo el país.
En este grupo hay sectores de población que antes habían enfrentado la negligencia de los gobiernos anteriores, como los sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de El Mozote y sitios aledaños en la zona norte del departamento de Morazán. También van incluidos los exveteranos y combatientes de la guerra civil, quienes por fin reciben la protección social que otras gestiones gubernamentales les negaron.
De igual manera, familias en situación de vulnerabilidad o de alto riesgo ahora pueden dormir con tranquilidad, luego de que han podido solucionar problemas en sus techos, estructuras, cimientos, ventanas o incluir mejoras al saneamiento de sus espacios de habitación.
Este modelo de atención a los beneficiarios consiste en dos entregas de contribuciones, programadas en función de cómo haya evolucionado la construcción o mejora de la vivienda. Después llega una etapa de verificación, de manera que, en un estimado de tres meses, el trabajo se ha completado. Cada familia recibe una carpeta técnica y asesoría técnica de esta cartera de Gobierno.
Hay que destacar que el programa tiene cobertura a escala nacional y que es una de las apuestas de bienestar social del Gobierno del Presidente Bukele.
Las contribuciones forman parte de un conjunto de acciones que dirige el Sistema Nacional de Vivienda. Por ejemplo, en la gestión actual, más de 3,000 familias han recibido escrituras. Además, las autoridades han adaptado y diversificado las opciones de financiamiento para quienes buscan comprar casa o apartamento.
El Presidente Bukele ha establecido el acceso a vivienda digna como una política de Estado, para responder a necesidades históricas abandonadas por anteriores gobiernos.