Luego de que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha logrado contener los contagios del COVID-19, de tener la menor cifra de casos y fallecidos en la región, de equipar y reconstruir hospitales para atender los casos graves y de dotar de alimentos a las familias afectadas por la pandemia, el bloque de oposición legislativo se aferra a una ley transitoria para contener la pandemia, ocho meses después de que el país comenzó a verse afectado por esta emergencia sanitaria mundial.
La Asamblea no dio en su momento las herramientas legales al Gobierno para hacer un efectivo control de esta enfermedad, y por el contrario se dedicó a bloquear préstamos que iban destinados a la compra de insumos de protección para los médicos y para recuperar la golpeada economía. Sin embargo, lejos de querer apoyar en la reducción de la cifra de fallecidos y de contagiados, esta nueva legislatura busca invadir atribuciones del Ejecutivo y pone tropiezos a los procedimientos como la aplicación de cercos sanitarios, tan necesarios para contener los contagios.
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En vista de todas las negativas del bloque opositor y de los obstáculos por parte de la Corte Suprema de Justicia en materia legal, el Gobierno ha tenido que hacer uso de la única herramienta que le permite hacer frente a la emergencia: el Código de Salud.
Los diputados insisten tanto en esta nueva legislación que incluso votaron para superar el veto del Presidente Bukele, durante la sesión plenaria de este jueves. Pero la intención de la nueva normativa va más allá: prohíbe que la Fuerza Armada colabore en las tareas de entrega de paquetes de alimentos, para lo cual es fundamental su participación en vista de que esta ayuda se lleva a todas las comunidades, incluyendo en zonas remotas del país.
El bloque de oposición ha demostrado su interés de gobernar vía leyes, entorpeciendo la labor del Ejecutivo y poniendo en riesgo a la población, en una inequívoca intención de que el Gobierno tenga cada vez menos armas para enfrentar la pandemia.
