A más de 60 días de haber sido presentado el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2021, los diputados del bloque de oposición siguen retrasando la aprobación de este importante instrumento destinado para llevar desarrollo al país y cumplir con los objetivos de inversión y crecimiento económico.
Estas bancadas tienen en sus manos la obligación de dotar al país, por primera vez, un presupuesto con enfoque social y con un fuerte componente en salud, educación y seguridad; sin embargo, las discusiones de las sesiones de la comisión de Hacienda en el congreso no presentan avances.
Dejar de aprobar el presupuesto implicaría no otorgar el aumento salarial a maestros, soldados, policías y personal en primera línea, además dejar al país sin medicinas, sin tecnología educativa y sin la posibilidad de fortalecer el Plan Control Territorial, que ha dejado una histórica reducción en los homicidios y otros delitos.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele lamenta que la oposición tenga una postura intransigente, pues con sus intentos de golpear al Gobierno lo que hace es cercenar las posibilidades de un mejor futuro para la población. Con el presupuesto se está garantizando la cobertura social como nunca lo habían hecho otros presupuestos aprobados durante administraciones de Arena y Fmln.
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Los partidos de oposición se han dado a la tarea de citar, ante la Comisión de Hacienda, a todos los ministros para que expliquen sus proyecciones presupuestarias, pero es fundamental que estas reuniones rindan frutos, pues el país enfrenta retos importantes en materia de salud y economía que requieren de soluciones efectivas.
En el campo de la salud, se necesita no solo una apuesta para continuar con el combate a la pandemia, sino para hacer frente a otros padecimientos a los que no se ha dado la atención debida en los últimos 30 años. Asimismo, en el campo de la educación, la apuesta tecnológica es importante para que en El Salvador se reduzca la brecha digital.
El plan de gastos 2021 asciende a $7,453.5 millones. De ese monto, el 43 % va destinado para inversión social. Mientras, en educación se ha incrementado el presupuesto hasta llevarlo a un 5 % equivalente al Producto Interno Bruto (PIB), con un componente de $214 millones para apuesta tecnológica.
