La última propuesta de la Asamblea Legislativa y de la fracción de ARENA, que plantea la aprobación de cercos sanitarios locales y focalizados para enfrentar la pandemia de COVID-19, iría en contra de una resolución de Hábeas Corpus de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordenó, a inicios de junio, evitar este tipo de medidas para enfrentar la emergencia que vive el país por la propagación del letal virus.
Esto confirma que la decisión del Gobierno de la República de realizar una cuarentena estricta en todo el territorio nacional por 15 días sí está enmarcada en las disposiciones legales y constitucionales vigentes, por lo que hasta hoy la oposición de un sector político representado en la Asamblea Legislativa frena la aplicación del Código de Salud y de otras medidas que permitirán al Órgano Ejecutivo aplanar la curva de contagio de COVID-19.
Hay que recordar que el tribunal constitucional resolvió sobre dos Hábeas Corpus a favor de los habitantes del puerto de La Libertad, Nuevo Cuscatlán, Ayutuxtepeque, Metapán, Colón, San Pedro Masahuat, Santa Cruz Michapa y San Salvador en junio, por lo que los alcaldes deben de tomar en cuenta esta jurisprudencia antes de buscar la aprobación de los diputados.
Para el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, es contradictoria la posición de los diputados de la Asamblea Legislativa porque ellos, en un inicio, cuestionaron cuando las autoridades sanitarias decidieron desarrollar una cuarentena domiciliar y cercos sanitarios, para evitar que la población se contagiara del virus.
También, se debe recordar a la población y a sectores políticos que el ente rector de la salud en El Salvador es el Ministerio de Salud, que es parte del órgano Ejecutivo. De este modo, las municipalidades no pueden diseñar, ni mucho menos ejecutar, acciones de tipo sanitarias al margen de esta institución.
El Gobierno del Presidente Bukele hace un llamado a la Asamblea Legislativa para que dote al Órgano Ejecutivo de herramientas necesarias para enfrentar el COVID-19 y a no usurpar funciones relacionadas con la salud de los salvadoreños, en el momento más crítico de la historia sanitaria reciente de El Salvador.
