Un debate que permita actualizar la Constitución de la República es lo que plantea el Gobierno de El Salvador para superar algunos anacronismos que cimentaron la actual Carta Magna que rige el país, elaborada por fuerzas políticas, económicas y sociales que dominaron la época del conflicto armado y que se resisten a ceder su corriente de pensamiento hacia otra donde se aborden las nuevas problemáticas sociales, las instituciones del Estado y el bienestar de los salvadoreños.
La matriz constitucional es la misma desde 1950, cuando se proclamó una constitución moderna y muy avanzada para su época, que creó instituciones que 70 años más tarde se vuelven disfuncionales.
La esencia de la propuesta planteada por el Gobierno, a través de la designación hecha por parte del Presidente Nayib Bukele al vicepresidente Félix Ulloa, es la de estudiar escenarios y las nuevas realidades que deben de ser incluidas en la Constitución, que data de 1983, y que tiene errores, contradicciones y vacíos según han reconocido diputados de la Asamblea Constituyente que la redactó, y que la Sala de lo Constitucional ha tenido que corregir mediante múltiples sentencias, por lo que está claro que reformar la Carta Magna, entre otros resultados contribuirá a garantizar derechos fundamentales ausentes, como el Derecho Humano al Agua, a la democratización del sistema político y electoral del país y la modernización de la institucionalidad, acorde a los nuevos tiempos.
Al promover una discusión y un debate sobre la Carta Magna también se abren escenarios favorables, como la revisión de cómo se eligen los funcionarios de segundo grado y temáticas que hace casi 37 años no estaban en la coyuntura nacional y que tampoco fueron considerados en el ajuste que se le hizo mediante los Acuerdos de Paz en 1991/1992.
En 1992, el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), liderado por el hoy vicepresidente Ulloa, hizo planteamientos concretos para que El Salvador se dotara de una nueva Constitución para “un nuevo país”, los cuales fueron bloqueados por sectores políticos retardatarios que se beneficiaban con el estatus quo y el modelo excluyente de la postguerra.
En el escenario ideal, el Presidente Bukele, asumiendo su rol de líder de la nación, incluso puede proponer a toda la sociedad una metodología similar a la del Plan Cuscatlán para que sea una verdadera consulta popular para que partidos políticos, sociedad civil, entidades académicas y profesionales, iglesias y organizaciones de todas las corrientes y espectros puedan plantear sus inquietudes, recomendaciones y enfoques, para luego ser sistematizados en mesas de trabajo, incluso bajo el auspicio de organismos internacionales.
Hay que ser muy enfático en este tema: no hay ninguna propuesta de reformar y cambiar el sistema político (republicano) del país, el sistema de Gobierno y mucho menos eliminar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, cláusulas pétreas que, según el artículo 248 de la Constitución vigente, no pueden alterarse.
Asimismo, para ratificar las modificaciones constitucionales, se necesitan dos legislaturas, por lo que queda claro que en El Salvador hay suficientes candados para evitar reformas o una nueva Constitución “golpista o que nos lleve a una dictadura”, como andan propagando por los medios, voceros, analistas y juristas de los mismos de siempre, que desean que el país siga igual, con reglas y normas del siglo pasado, cuando el mundo se prepara para el nuevo orden que saldrá después de esta pandemia del COVID 19. Se está hablando de abrir un debate, de generar una discusión, que incluso sería saludable para nuestra democracia, la participación ciudadana y la inclusión de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país, haciendo de esto un verdadero acto democrático y un ejercicio de dialogo de altura.
Muchos dirán que no es el momento, que hay que esperar que pasen las elecciones, o cualquier otra excusa para posponer una necesidad históricamente inaplazable. Esta crisis mundial está llevando a las naciones a replanteamientos fundamentales.
Nuestros procesos de reformas constitucionales siempre fueron precedidos de actos violentos, generalmente golpes de estado militares, y aun dentro del conflicto armado.
Ahora, aprovechemos esta crisis, esta guerra contra un enemigo invisible, para reflexionar, debatir y consensuar las normas fundamentales del nuevo país que seremos (o deberíamos ser) después del COVID 19.
