Los avisos y denuncias por corrupción que ha interpuesto el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, ante la Fiscalía General de la República (FGR), confirman que esta gestión gubernamental está comprometida con derrotar este flagelo, que por años ha afectado las finanzas públicas, el desarrollo de importantes proyectos y ha minado la confianza de los salvadoreños en la gestión gubernamental.
Así, se está recuperando el dinero público bajo la gestión y el liderazgo del Presidente Bukele, que ha ordenado que el Estado se nombre querellante en casos como el de la corrupción de los dos gobiernos del FMLN de la presa El Chaparral o el aviso que ayer se puso ante la FGR por la corrupción estimada en $120 millones en la construcción del Hospital Regional de San Miguel del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
“Esa corrupción del ISSS ya se está investigando, ya se puso el aviso a la Fiscalía, cada día salen más casos de los dos gobiernos del FMLN”, dijo anoche el Presidente Bukele, en la entrevista del Noticiero El Salvador de Canal 10.
Entre ambos casos se podrían recuperar un estimado de $350 millones, ya que sobre el proyecto hidroeléctrico el Juzgado Noveno de Instrucción ordenó un embargo por $227.6 millones contra la constructora italiana Astaldi, mientras que en el tema del centro asistencial del ISSS la FGR ya tiene la información de las irregularidades de cometió la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el contratista IBT Group y otras empresas relacionadas.
Además, el Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), ha denunciado la corrupción de la última parte de todo el proyecto del baipás del Puerto de La Libertad, una obra que inició sin tener el diseño aprobado y que tuvo que ser entregado en julio pasado, aunque se abandonó con apenas un 18% de avance, un claro golpe a los intereses de los salvadoreños.
También hay que destacar que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ha logrado recuperar $115 millones desde que en octubre de 2019 inició el Plan Antievasión, ya que el erario de los salvadoreños deja de recibir anualmente entre $1,800 a $2,000 millones, debido a la evasión de diferentes tributos.
Otro tema pendiente, y que sigue en investigación fiscal, es el caso de la permuta de armas que hizo la empresa Centrum, propiedad del ex presidente del partido ARENA Gustavo López Davidson contra el Ministerio de Defensa, desfalco que incluyó modificaciones al contrato original, prórrogas a la entrega del armamento y la entrega de armas en buen estado, haciéndolas pasar por equipo en desuso.
Todo esto confirma que el Gobierno del Presidente Bukele tiene una apuesta decidida por recuperar el dinero de los salvadoreños para invertir en rubros sociales, la salud de los salvadoreños (más en tiempos de COVID-19), la educación de sus hijos y en obras de infraestructura para modernizar al país y sacarlo del hundimiento en el que quedó luego de 10 años de gestión del FMLN, partido que optó por el saqueo y la corrupción para defraudar la confianza del pueblo.
