En un irregular proceso de licitación; bajo la sombra de una agencia de las Naciones Unidas, una deficiente construcción y reclamos de dinero que suman $120 millones, los Gobiernos del FMLN encontraron en el Hospital Regional de San Miguel del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) otra obra pública para desfalcar al pueblo salvadoreño con dinero de los trabajadores que, con sus cotizaciones mensuales, esperaban recibir salud de calidad y trato digno en las clínicas y centros asistenciales de la autónoma.
Sin embargo, lo que al final entregaron los dos Gobiernos del FMLN a sus ciudadanos fue un caso más de corrupción, similar en su modus operandi a lo que sucedió en la Presa Hidroeléctrica “El Chaparral”, donde también hubo sobreprecios y se pagó por una obra inconclusa $108.5 millones a un contratista italiano, investigado por la Fiscalía General, al igual que el expresidente Mauricio Funes.
Las anomalías han sido detectadas luego de un largo proceso de auditoría interna, ordenado por las autoridades del Seguro Social y de una reconstrucción el caso con documentos y pruebas que se encontraron traspapeladas y embodegadas en el ISSS, aunado a problemas en la edificación del complejo hospitalario que, para los dos gobiernos del FMLN, iba a solucionar los problemas de salud en la ciudad más importante del oriente de El Salvador.
Fue así como el ISSS, bajo las administraciones de los exdirectores Leonel Flores (2009-2014) y Ricardo Cea (2014-2019), negociaron con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), acuerdos marcos y complementarios que le quitaron facultades a la autónoma sobre su propio proyecto, lo que permitió aumentos de costos desproporcionados.
Por ejemplo, a través de enmiendas sin respaldo que fueron pagadas por la institución, hicieron que el proyecto pasara de $62.9 millones a $83.1 millones, más otros montos desfalcados y desviados que suman en total casi $120 millones, según la información que hasta el momento se tiene por parte del ISSS.
La empresa seleccionada por UNOPS, en base a términos de referencia y bases deficientes elaboradas por el ISSS, hizo una licitación exprés donde 29 firmas retiraron la documentación, pero solo una ofertó: IBT Group, presidida por el ciudadano dominicano José Ramón Brea, socio de Joaquín Alviz, recordado en El Salvador por la corrupción del expresidente de la ANDA, Carlos Perla, en tiempos de ARENA.
Esta empresa, según registros e información periodística, tiene un cuestionado historial de desfalco en Panamá, Italia, Islas Vírgenes, República Dominicana y Perú, donde el factor común es el incumplimiento de los contratos, las obras deficientes y el “alza” de los montos y costos, para lograr más dinero.
Todo esto ha generado problemas en la ejecución y el diseño del proyecto hospitalario, que fue “vendido” por los gobiernos del FMLN a la población del oriente del país como la solución al problema médico-sanitario de los derechohabientes del ISSS.
Es de destacar cómo hay tuberías de aguas negras sobre los quirófanos y cambios en las especificaciones del hierro (de mayor a menor tamaño) que ponen en riesgo la seguridad de los pacientes y el personal médico. Además, se utilizó hierro de baja calidad para construir las columnas de los edificios de este complejo hospitalario.
Otro tema que se debe acentuar es que el consejo directivo del ISSS, donde hay participación de delegados de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), nunca alertó sobre estas irregularidades, lo que confirma que su reciente deseo de tener más representación en esta instancia, no es garantía de que se busque cumplir con la legalidad y ayudar al pueblo salvadoreño: es más una maniobra para lograr una posible privatización de la autónoma.
Por todas estas y otras anomalías, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele presentará mañana un aviso a la Fiscalía General de la República(FGR) para que inicie con la investigación sobre los exfuncionarios de los gobiernos del FMLN y todo en andamiaje montado entre UNOPS e IBT para desfalcar al pueblo salvadoreño, traicionar su confianza y dejar un sistema de salud en completo abandono, recuperado por esta administración en menos de 15 meses de gestión.
