El anteproyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para el próximo año es una importante herramienta para sacar adelante al país, luego de ocho meses de enfrentar el COVID-19, por lo que amerita una discusión técnica y racional de todas sus partidas, tanto de ingresos como de gastos, y no un debate político-electoral, como el que quieren plantear ARENA, el FMLN y el diputado Rodolfo Parker (PDC), que van en contra del interés de los salvadoreños.
Por ello, es importante destacar que la cifra presupuestaria presentada ($7,453.5 millones) tiene un fuerte componente social, una de las principales apuestas del Presidente Nayib Bukele para superar la crisis post pandemia.
El caso más representativo es el ramo de salud, que contempla $1,034 millones y de estos, $60 millones son solo para el Hospital El Salvador, que ha dado excelentes resultados para enfrentar el COVID-19: más de 1,100 recuperados a la fecha y atención sanitaria de calidad, con unidades de cuidados intensivos (UCI) de primer mundo y equipadas.
Además, hay que enfatizar que se ha propuesto $1,320 millones para el ramo de educación, una cifra que cumple la promesa de elevar al 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la inversión en los niños y los jóvenes y que puedan tener oportunidades formativas, mejores escuelas y acceso a tecnología.
Otro tema clave es sobre los $100.6 millones adicionales para seguridad pública, lo que confirma la apuesta gubernamental por dar tranquilidad y paz a los salvadoreños con el Plan Control Territorial (PCT), que ha acumulado 32 días sin homicidios y reducciones históricas de otros delitos desde junio de 2019.
Esto significa que en 2021 se tendrán $655 millones para seguridad pública, un aumento que es muy importante porque contempla el bono trimestral de $400 para todo el personal policial y de $150 para el personal administrativo, además de otros apoyos para la Fuerza Armada, custodios penitenciarios y la modernización, equipamiento y tecnificación de las instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC).
Por todo esto, el Gobierno del Presidente Bukele confirma que todas sus apuestas van para favorecer a los salvadoreños y por ello la Asamblea, sobre todo la Comisión de Hacienda, debe de hacer un análisis y una discusión técnica y no político-ideológica sobre este importante plan de ingresos y gastos del Estado, que pondrá a prueba si los diputados están a favor de los salvadoreños o de los intereses de sus patrocinadores y élites corporativistas.
Esta invitación la hace el Órgano Ejecutivo respetando la autonomía y los límites entre instituciones, pero recordando que ante todo debe de estar el bienestar de los salvadoreños y solventar sus necesidades, sobre todo en áreas tan sensibles como la salud, la educación y la seguridad.
