Para el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, la decisión del Juzgado Noveno de Instrucción de decretar un embargo por $227.6 millones contra la constructora italiana Astaldi es un triunfo de todos los salvadoreños, porque permitirá recuperar a corto plazo el dinero público que fue parte de un esquema de corrupción del primer gobierno del FMLN en la construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral, al pagar en julio de 2012 un arreglo directo ilegal por $108.5 millones.
La construcción de esta obra pública, que inició en 2008, se desarrolló entre irregularidades y permitió que el Gobierno del expresidente Mauricio Funes, junto con el entonces titular de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Leopoldo Samour (ambos procesados), trazaran un mecanismo para pagar $61.3 millones como excedente, dentro del arreglo directo, cuando solo se debían pagar $45.1 millones por obra ejecutada, según el dictamen del juzgado.
Los $227.6 millones además incluyen $111.5 millones como “lucro cesante”, por lo que dejó de producir de energía eléctrica e ingresos al Estado, más $54.7 millones en concepto de intereses pagados por los préstamos al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), algo que es parte del costo financiero del proyecto no ejecutado entre 2012 y 2014.
Por ello hay que recordar que el compromiso del Presidente Bukele es en contra de la corrupción y es así como ordenó, en julio de 2019, que el Estado se declarara, a través de CEL, como querellante en este proceso judicial, algo que hoy rinde frutos con esta orden de embargo contra la firma italiana.
Además, en agosto pasado, ya se habían recuperado y reintegrado a las arcas del Estado $4 millones, siempre del arreglo directo CEL-Astaldi, que incluyó la reventa ilegal de una maquinaria de construcción (grúa, trituradora y otros equipos) que la autónoma ya le había pagado al contratista, otro claro hecho de corrupción.
Al respecto es de destacar que la OEA-CICIES está en la fase final de la auditoría sobre la corrupción y las irregularidades de los gobiernos del FMLN sobre El Chaparral, según confirmó en agosto el Presidente Bukele, y que este informe “robustecerá” la investigación fiscal en curso.
Más allá de esto, el Presidente Bukele informó a inicios de agosto que El Chaparral “dejará de ser un monumento a la corrupción”, por lo que ya hay un avance del 20% en la ejecución de la obra durante su primer año de Gobierno.
Así, el mandatario dijo que se terminará la construcción de la presa hidroeléctrica en marzo del próximo año (la obra civil) para generar energía limpia y renovable para más de 200,000 familias, junto con obras sociales, y proyectos de desarrollo económico y bienestar social para los municipios de San Luis de La Reina y Carolina, en el departamento de San Miguel.
De esta forma, el Gobierno del Presidente Bukele certifica su compromiso contra la corrupción y demuestra que monumentos como El Chaparral dejarán de ser sinónimo de ilegalidad e irregularidad y pasarán a ser parte de las grandes obras de su legado como jefe de Estado.
