Todas las sentencias de la Sala de lo Constitucional, incluso las que amenazan los derechos a la vida y la salud de la población, han sido respetadas, sin distinción, por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, por lo que resta validez a una misiva enviada por un grupo de abogados al relator especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, donde aseguran que el Ejecutivo desobedece constantemente las resoluciones judiciales.
El Gobierno rechaza categóricamente la postura de sectores jurídicos y políticos de oposición que sólo buscan generar un clima de confrontación ante la comunidad internacional, para generar un impacto negativo en la cooperación y en la atracción de inversionistas con el fin de que vean en el país un ambiente poco propicio para sus actividades.
Es evidente que la Sala de lo Constitucional ha emitido en tiempo récord resoluciones en detrimento de la salud y la vida de los salvadoreños, con el único propósito de desgastar al Gobierno. Sin embargo, las sentencias han sido cumplidas por el Ejecutivo, aún cuando estas tienen un claro interés político sin importarles que se llevan de encuentro a la población.
La más reciente resolución es la que busca que ingresen al país viajeros nacionales y extranjeros sin presentar la prueba PCR negativa a COVID-19, algo que pone en riesgo no solo a los mismos pasajeros, sino a los salvadoreños residentes en el país. Incluso, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) ha dicho que la solicitud de esta prueba implica mayor seguridad para los países ante una eventual rebrote del virus.
Aún con esta estrategia que buscar minar la credibilidad del Gobierno, el Presidente Bukele sigue siendo de los mandatarios mejor evaluados por firmas internacionales por el manejo que ha hecho de la pandemia, pese a los bloqueos de la Sala de lo Constitucional, a los que se suman el bloque legislativo formado por ARENA, FMLN y Rodolfo Parker, e instituciones que se han alineado a dicho libreto, como la Corte de Cuentas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
