Más de 250 denuncias han sido recibidas en el centro de llamadas del Ministerio de Educación en las últimas semanas, una parte de los reclamos está relacionado directamente con los cobros de gastos de graduación que hacen colegios y universidades privadas, informó la ministra de Educación Carla Hananía.
La funcionaria recordó que en el caso de los colegios privados y de las universidades tienen independencia financiera y administrativas. Ante los constantes reclamos denunciando cobros indebidos, el ministerio pidió la mediación de la Defensoría del Consumidor en vista que se trata de una relación entre partes privadas.
La Defensoría se ha sumado a los esfuerzos de mediación por la vía del diálogo y han alcanzado acuerdos importantes en cuanto a las devoluciones monetarias que las instituciones privadas harán a los padres de familia de los graduandos.
“Hago el llamado a todos los padres de familia, si consideran que están recibiendo cobros indebidos que se comuniquen al centro de llamadas del Ministerio o a la Defensoría del Consumidor para dar seguimiento a cada caso”, expresó la titular de Educación.
Hay un acuerdo alcanzado en cuanto a los montos de dinero que las instituciones regresarán a los estudiantes, no es el cien por ciento, sin embargo, es de los puntos acordados entre los representantes de ambas partes.
Por motivos de seguridad para evitar los contagios de COVID-19 el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Educación, suspendió todos los actos presenciales de graduación, así como fiestas en los niveles de bachillerato y universitario en instituciones públicas y privadas programadas para este año.
Los estudiantes se han apegado a su derecho de ser protegidos de cobros por servicios no prestados, tutelados por los artículos 4, literal b, y 18, literal m, de la Ley de Protección al Consumidor, debido a que la ceremonia de graduación no se desarrollará.
La Defensoría del Consumidor requirió a una universidad en específico el detalle del arancel de derechos de graduación, el listado de graduados que cancelaron dicho arancel, los mecanismos y las medidas administrativas y financieras que se han proporcionado al colectivo.
Todos los proveedores de bienes y servicios tienen la obligación de proporcionar a la Defensoría del Consumidor la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, en caso contrario se comete una infracción muy grave que puede ser sancionada con multa hasta de 500 salarios mínimos mensuales en la industria.
Con respecto a la finalización del año académico en las universidades privadas, Hananía informó que estas instituciones tienen la autonomía para decidir cuándo terminan sus clases, no es competencia del Ministerio de Educación.
