La libertad de expresión de todos los salvadoreños, pero sobre todo la que permite el ejercicio periodístico en el país, no está en riesgo, ya que en El Salvador existen suficientes garantías que facilitan el trabajo de la prensa nacional e internacional, contrario a lo que plantea la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), en sus últimas posturas públicas.
El principal argumento del Gobierno del Presidente Nayib Bukele lo plantea el artículo 6 de la Constitución de la República, que habla de la libertad de pensamiento y su difusión. Por ello, este tema en ningún momento de su gestión ha estado en riesgo para los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, incluso aquellos que más allá de su agenda informativa persiguen otros fines políticos y económicos.
De este modo, el Gobierno no comparte los recientes planteamientos mediáticos de la Asociación, que no representa todos los intereses de la comunidad periodística del país, y que asumen que la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo están en riesgo, tal y como lo plantearon ante una Comisión Especial creada en la Asamblea Legislativa para investigar “supuestos” acosos y ataques contra los profesionales de la comunicación del país.
La gremial asegura que el Gobierno del Presidente Bukele ejerce “control” sobre las conferencias de prensa y los abordajes de funcionarios cuando, todos los días, los ministros, viceministros y otros delegados gubernamentales participan en espacios de opinión pública y luego son entrevistados por periodistas de todos los medios de comunicación, de diferente línea editorial y agenda, lo que confirma el respeto al pluralismo y a la diversidad de opiniones por parte del órgano Ejecutivo.
A modo de ejemplo, sólo en el contexto de la pandemia de COVID-19, el Gobierno del Presidente Bukele ha dado más de 300 conferencias de prensa sobre diferentes temáticas de interés nacional. Todas han sido públicas, anunciadas con anticipación, sin restricciones y con apertura, lo que da cumplimiento a premisas básicas sobre la libertad de expresión y de prensa, dos derechos fundamentales en El Salvador que no están en riesgo.
Así, el Gobierno seguirá cumpliendo estos preceptos y comprometido con que cada salvadoreño se informe y pueda difundir libremente su pensamiento, pese a que existan otras posturas que aseguran que hay limitantes o intentos por control, como lo que afirma la APES.
